El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, José Antonio Fúster, afirmó este lunes que el partido no descarta que las comunidades autónomas en las que gobierna junto al Partido Popular recurran ante el Tribunal Constitucional la instrucción del Ministerio de Justicia que desarrolla la aplicación de la denominada “ley de nietos”.
La medida se basa en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, que habilita la nacionalización de descendientes de españoles que se exiliaron por motivos políticos. Vox ya impugnó esa norma durante la legislatura anterior, cuando contaba con el número de diputados necesario para presentar ese tipo de recursos.
La semana pasada, los vicepresidentes autonómicos de Vox en Castilla y León, Extremadura y Aragón solicitaron informes a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos para “estudiar” y “evaluar” una “posible invasión de competencias” vinculada con la ley. También anticiparon que realizarán un pedido similar en Andalucía.
La formación busca “analizar en profundidad” el “encaje jurídico” de la disposición de la Ley de Memoria Democrática y de la instrucción ministerial que la reglamenta. Según sostuvo Vox, la normativa “está facilitando la incorporación masiva y fraudulenta de cientos de miles de personas extranjeras al censo electoral”.
Durante una conferencia de prensa en la sede nacional del partido, Fúster señaló que los avances sobre esta posible vía judicial se conocerán en las próximas semanas.
