El gobierno venezolano ha confirmado su asistencia a las audiencias programadas para el 4 de mayo de 2026 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en relación con la prolongada disputa territorial que sostiene con Guyana. A pesar de que Caracas no reconoce la autoridad de la CIJ, considera que su participación es necesaria para exponer su posición frente a la comunidad internacional. Esta controversia se centra en el territorio conocido como Guayana Esequiba, que Venezuela reclama como parte de su soberanía desde tiempos inmemoriales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, comunicó a través de las redes sociales que la decisión de participar en las audiencias no debe interpretarse como un reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ. Según Gil, el proceso iniciado por Guyana en este tribunal representa una violación del Acuerdo de Ginebra, un pacto que busca resolver las disputas territoriales a través del diálogo y la negociación. Este acuerdo, vigente desde 1966, ha sido un punto de referencia en las relaciones entre ambos países y es considerado fundamental por Venezuela para la resolución pacífica del conflicto.

En el comunicado emitido por el gobierno venezolano, se reitera el resultado de un referéndum consultivo realizado el 3 de diciembre de 2023, donde la población expresó su respaldo a la postura del gobierno respecto al reclamo territorial. Este referéndum es visto por las autoridades como un mandato popular que reafirma la no aceptación de la jurisdicción de la CIJ sobre el contencioso. "La participación de Venezuela en estas audiencias es un acto de defensa de su soberanía y no implica un acuerdo con las decisiones que la CIJ pueda emitir", enfatiza el documento oficial.

El contexto de esta disputa se remonta a un laudo arbitral de 1899, que definió las fronteras entre Venezuela y la entonces Guayana Británica. Desde la independencia de Venezuela de la Gran Colombia en 1830, el país ha sostenido que el laudo fue influenciado por intereses políticos y que la delimitación del territorio debe basarse en el curso del río Esequibo. En este sentido, Venezuela argumenta que el Acuerdo de Ginebra reconoce sus derechos sobre el territorio en disputa y que no renunciará a esta reivindicación.

Guyana, por su parte, sostiene que la región es parte integral de su territorio, administrado conforme a los resultados del laudo de 1899. El gobierno de Georgetown, respaldado por la comunidad internacional, considera que el acuerdo establecido por el Reino Unido y Países Bajos en 1814 es válido y que Venezuela debe aceptar las fronteras allí establecidas. Esta posición ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países, que han visto en el litigio territorial un obstáculo para el desarrollo de relaciones más estrechas.

En un contexto más amplio, la disputa territorial también refleja las complejidades de la geopolítica en la región, donde las reivindicaciones territoriales pueden influir en la estabilidad y la cooperación entre naciones vecinas. Durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha tomado medidas concretas al nombrar a un gobernador para el territorio en cuestión tras celebrarse elecciones legislativas en mayo de 2025. Esta decisión ha generado críticas y preocupaciones en Guyana, que ve en estas acciones un intento de Venezuela por consolidar su reclamo sobre el área disputada.

A medida que se acercan las audiencias en la CIJ, el marco jurídico y político se torna cada vez más complejo, y el mundo estará atento a cómo se desarrollan estos eventos y qué implicaciones tendrán para la relación entre Venezuela y Guyana en el futuro. La participación de Caracas en la CIJ, aunque no reconociendo su jurisdicción, podría ser una estrategia para presentar su narrativa ante la comunidad internacional, al tiempo que reafirma su postura sobre la soberanía del territorio en cuestión.