En una reciente sesión, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, admitió que la Ley contra el odio ha sido mal utilizada, afectando a numerosos presos políticos en el país. Durante el debate sobre una histórica amnistía, Rodríguez destacó la necesidad de corregir las aplicaciones inadecuadas de esta legislación, que impone penas de hasta 20 años de prisión.
Rodríguez subrayó que, aunque considera que la ley tiene un propósito útil, es fundamental reconocer que ha habido abusos en su implementación. En este contexto, mencionó que el Programa por la Convivencia Democrática, promovido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, está evaluando los efectos de esta ley y anticipó una posible reforma en la Asamblea Nacional.
La Ley Constitucional contra el Odio, que fue aprobada en noviembre de 2017 a instancias del presidente Nicolás Maduro, ha sido objeto de críticas constantes por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. Estas entidades la han calificado como una herramienta de represión utilizada para silenciar voces críticas, en un entorno político marcado por la crisis y las protestas en el país. La Conferencia Episcopal de Venezuela también se ha manifestado a favor de derogar esta ley, señalando su impacto negativo en los derechos fundamentales.
