Las democracias rara vez se deterioran de manera repentina. Suelen comenzar a erosionarse cuando quienes ejercen el poder dejan de considerar que la ética no es un límite para gobernar, sino una condición necesaria para hacerlo bien. La política puede moverse dentro de los márgenes de lo posible, pero sus resultados solo son duraderos cuando se apoyan en principios.
En ese sentido, la frase de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, “Lo moral es lo eficaz”, plantea una idea que la experiencia histórica ha repetido: las decisiones adoptadas sin criterios éticos pueden ofrecer beneficios inmediatos, pero terminan comprometiendo la confianza y la legitimidad de las instituciones.
Los acontecimientos recientes en España y Venezuela ofrecen un ejemplo de esa tensión. La Audiencia Nacional española consideró que existen elementos suficientes para abrir una investigación penal contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos vinculados con tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La determinación de eventuales responsabilidades corresponderá a los tribunales, que deberán establecer el alcance de las acusaciones.
Más allá del desenlace judicial, el caso vuelve a poner bajo análisis el papel que desempeñó Rodríguez Zapatero después de dejar La Moncloa, cuando se convirtió en uno de los principales interlocutores europeos del régimen venezolano. Esa tarea fue presentada durante años como un esfuerzo de mediación y entendimiento. Sin embargo, también terminó asociando el prestigio internacional de España con un gobierno ampliamente cuestionado por la comunidad democrática. Si las acusaciones prosperaran, el impacto no quedaría limitado a la figura del expresidente: también afectaría la credibilidad de la política y de quienes sostienen que la eficacia puede separarse de la conducta moral.
