En el marco de su reciente anuncio de postulación a la alcaldía de Lima para las elecciones de octubre, el exministro y general retirado Daniel Urresti ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se lleve a cabo un nuevo juicio en relación con su condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988. Urresti, quien ha mantenido su inocencia desde el inicio del proceso judicial, argumenta que su condena fue el resultado de un proceso injusto y de la manipulación de la verdad.
El exmilitar, que estuvo encarcelado durante casi tres años, fue liberado en febrero de este año por el Tribunal Constitucional de Perú, el cual determinó que los delitos por los que fue condenado habían prescrito. Sin embargo, Urresti considera que su caso encierra serias irregularidades y ha apelado a la CIDH para que revise la actuación de los jueces que lo condenaron. "Exijo un nuevo juicio para demostrar mi inocencia", afirmó Urresti en un video publicado en sus redes sociales, donde también solicitó que se investigue la conducta de los magistrados involucrados en su condena.
La solicitud formal de Urresti fue presentada en la sede de la CIDH en Washington, donde su defensa argumentó que el juicio original no garantizó las condiciones necesarias para un debido proceso. En su declaración, el exministro enfatizó que se cometieron violaciones a sus derechos fundamentales, lo que pone en entredicho la legitimidad de la condena, la cual se tradujo en una pena de 12 años de prisión. Esta situación ha despertado un amplio debate sobre la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos en el país.
La CIDH ya se había manifestado sobre el caso de Urresti, mostrando preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional de liberarlo. En un comunicado emitido el 18 de marzo, la CIDH advirtió que esta resolución podría contribuir a un clima de impunidad en casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos y crímenes internacionales. La Comisión subrayó que la situación en Perú en términos de memoria, verdad y justicia está atravesando un retroceso significativo, lo que podría tener repercusiones en otros procesos judiciales.
El asesinato de Hugo Bustíos, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 1988, se inscribe en un contexto trágico de violencia y represión durante el conflicto armado interno en Perú, que dejó miles de víctimas. Bustíos fue emboscado mientras investigaba el asesinato de una mujer, presuntamente a manos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Tras el ataque, su cuerpo fue desmembrado con una granada, un acto que refleja la brutalidad del conflicto y las tensiones en torno a la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en el país.
Urresti, quien se desempeñó como ministro del Interior durante la gestión de Ollanta Humala, ha enfrentado un camino complicado en su carrera política, marcado por la controversia de su condena y las acusaciones de violaciones a derechos humanos. Su nuevo intento por limpiar su nombre y buscar un nuevo juicio pone de relieve las complejidades del sistema judicial peruano y la lucha por la justicia en un país que aún busca reconciliarse con su pasado. La atención mediática sobre su caso no solo podría influir en su campaña electoral, sino también en la percepción pública sobre el estado de los derechos humanos en Perú.
