En medio de un clima de confrontación política, las autoridades de las universidades nacionales han emitido un contundente comunicado en el que expresan su rechazo a las acusaciones del Gobierno, subrayando que no permitirán ser tildados de delincuentes. Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que se espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, un tema que se ha convertido en un eje central en la discusión sobre el futuro de la educación pública en Argentina.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha señalado en su declaración que el verdadero debate va más allá del presupuesto destinado a las universidades. Según sus autoridades, lo que está en juego es el modelo de país y de democracia que se desea construir. Este contexto se ve agravado por las entrevistas y publicaciones en redes sociales donde el presidente Javier Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, han realizado comentarios que los rectores consideran despectivos y dañinos para la imagen de las instituciones educativas.
"Rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas", reza el comunicado, que menciona específicamente las acusaciones dirigidas al presidente del CIN, Franco Bartolacci. Este tipo de comentarios, afirman, buscan deslegitimar la lucha por una educación superior pública, gratuita y de calidad, que es un pilar fundamental de la democracia. Los rectores argumentan que se está llevando a cabo un intento sistemático de desacreditar a quienes defienden estos valores, lo que podría tener consecuencias graves para la convivencia democrática en el país.
La declaración del CIN subraya que cuando el diálogo se reemplaza por el insulto y la descalificación, se pone en riesgo no solo la política pública, sino también la calidad de la democracia. En este sentido, los rectores han manifestado que no cederán ante el miedo ni se quedarán en silencio frente a la degradación del discurso público, una situación que consideran inaceptable para el desarrollo de una sociedad pluralista.
Alineándose con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los rectores han instado a la Corte Suprema a pronunciarse con urgencia sobre la ley que financia la educación superior. En su opinión, la sociedad argentina necesita una respuesta clara que reafirme un principio fundamental en cualquier democracia: la primacía de la Constitución y la ley. En este sentido, enfatizan que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de estas normas.
Finalmente, el comunicado concluye reafirmando que defender la universidad pública no debe ser visto como un crimen. El verdadero delito, argumentan, radica en intentar gobernar por encima de la ley y en desacreditar a quienes exigen sus derechos legítimos. Las universidades nacionales, por lo tanto, permanecerán firmes en su defensa del derecho a una educación superior accesible y de calidad, así como de la producción científica y tecnológica que enriquece al país, reafirmando su compromiso con un sistema educativo democrático, plural y federal.
