Kiev, 19 de marzo (Redacción Medios Digitales).- La situación financiera de Ucrania se encuentra en una encrucijada crítica, ya que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se halla en el país desde el miércoles con la tarea esencial de persuadir al Gobierno y a la mayoría parlamentaria del partido del presidente Volodímir Zelenski para que alcancen un consenso y aprueben el incremento de impuestos que el organismo internacional ha condicionado a la liberación del restante de su crédito de 8.100 millones de dólares.
La medida más controvertida que ha surgido de las negociaciones entre la administración de Zelenski y el FMI es la propuesta de implementar una reforma legislativa que obligaría a emprendedores y pequeñas empresas, actualmente exentos del IVA, a tributar este impuesto si sus ingresos anuales superan los cuatro millones de grivnas (aproximadamente 80.000 euros). Esta cifra, inicialmente fijada en un millón de grivnas (cerca de 20.000 euros), fue modificada posteriormente a solicitud de Ucrania, lo que ha generado un debate intenso en el ámbito político y económico.
Igor Fris, diputado del partido Servidor del Pueblo, del presidente Zelenski, ha expresado su preocupación al afirmar que los compromisos adquiridos podrían llevar a una devastación del sistema económico del país. Su opinión refleja un descontento creciente entre varios sectores del Parlamento, donde hay un amplio consenso de que las nuevas medidas fiscales podrían impactar negativamente en la actividad económica de muchas pequeñas empresas y emprendedores.
Según un análisis del despacho de abogados ucraniano Alva Privacy, se estima que, de aplicarse estas reformas, hasta un 20 % de los profesionales del sector de Tecnologías de la Información (IT) podrían optar por mudarse a países como Polonia o Estonia en busca de regímenes fiscales más favorables. Este fenómeno podría agravar aún más la situación económica de Ucrania, que ya enfrenta desafíos significativos debido a la invasión rusa y las consecuencias de la guerra.
El FMI sostiene que esta medida es fundamental para prevenir que grandes corporaciones deseen eludir sus obligaciones fiscales mediante la creación de pequeños negocios que no reporten la totalidad de sus ingresos. La institución argumenta que se requiere una expansión de la recaudación fiscal para abordar el creciente déficit que ha surgido a raíz de la guerra, una justificación que no convence a muchos críticos que sugieren que el Gobierno y el FMI deberían encontrar soluciones que no perjudiquen a los más vulnerables.
El conflicto que se ha generado no solo tiene implicaciones económicas, sino también políticas. La falta de acuerdo entre el Gobierno y un número considerable de legisladores del partido de Zelenski podría entorpecer la aprobación de reformas vitales en un plazo crítico. De los 8.100 millones de dólares que el préstamo contempla hasta 2029, Ucrania ya ha recibido 1.400 millones y el FMI ha establecido que las reformas deben ser aprobadas por el Parlamento antes de que finalice marzo para acceder a la siguiente partida.
Una de las críticas más frecuentes entre los diputados que se oponen a las reformas fiscales es que el Gobierno no consultó al Parlamento sobre las condiciones del acuerdo alcanzado con el FMI a finales del año pasado. Ahora, los legisladores se ven obligados a asumir la responsabilidad de implementar medidas de austeridad que no han sido discutidas adecuadamente, lo que genera un clima de tensión y desconfianza hacia la administración de Zelenski. La implementación del IVA para las pequeñas empresas se presenta como un tema delicado, ya que afecta directamente a un sector que es vital para la economía del país y que enfrenta ya múltiples desafíos en el contexto actual.
