El juicio que investiga presuntas anomalías en el programa de construcción de viviendas sociales Sueños Compartidos ha tomado un giro significativo tras las declaraciones de las hermanas Irma y Adela Pacheco. Ambas testimonios han puesto de relieve la falsificación de firmas para justificar la ampliación de un presupuesto que debía ser presentado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Este caso, que ha generado un gran revuelo en la opinión pública, pone en tela de juicio la transparencia de un proyecto que debería haber beneficiado a miles de familias en situación de vulnerabilidad.
Las hermanas Pacheco, en calidad de delegadas de la asociación civil “Esperanza de un cambio”, que agrupa a vecinos de Villa Cartón, relataron su experiencia en una reunión con Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación. Durante este encuentro, se presentó el proyecto y la maqueta del nuevo barrio que se construiría bajo el financiamiento estatal. Sin embargo, cuando llegó el momento de firmar el convenio, las hermanas no sospecharon que lo que estaban firmando podría ser manipulado posteriormente.
El relato de Irma Pacheco se tornó más oscuro cuando, tras descubrir irregularidades en un documento que contenía montos diferentes a los acordados y sus firmas falsificadas, decidió presentar una queja. La respuesta que recibió por parte de un funcionario fue contundente: "ese fue el pelotudo de Schoklender". Esta frase no solo revela la frustración de las denunciantes, sino que también sugiere una atmósfera de impunidad que rodeaba a la gestión del programa.
Posteriormente, las hermanas decidieron presentar una denuncia judicial para impugnar el documento apócrifo. En este proceso, fueron convocadas a realizar peritajes caligráficos que confirmaron que las firmas no eran las suyas. Esta evidencia se suma a un expediente que menciona un acuerdo inicial para la construcción de 780 viviendas en un terreno ubicado en la intersección de las avenidas Castañares y General Paz, por un monto original de $151.944.695,78, al que más tarde se le sumaron $41.119.805,25 en 2011.
Además de las hermanas Pacheco, Emiliano Capobianco, un proveedor de aberturas de aluminio para los proyectos de vivienda, también fue llamado a declarar. Capobianco detalló que su empresa vendió prototipos para obras en la provincia de Buenos Aires y que los pagos se realizaron mediante cheques a 30 o 60 días. Su testimonio añade otra capa de complejidad al caso, revelando el entramado de relaciones comerciales en torno al proyecto.
En el banquillo de los acusados se encuentran figuras de alto perfil, incluidos los exapoderados Sergio y Pablo Schoklender, así como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López. También están imputados otros exfuncionarios que participaron en el manejo de las partidas presupuestarias, todos acusados de presunto fraude por el desvío de 206 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales en diversas localidades, incluyendo Buenos Aires, Bariloche y Chaco.
En el transcurso del juicio, Schoklender ha ampliado su indagatoria, defendiendo el proyecto y cuestionando las declaraciones de los testigos que lo precedieron en el juicio. Aseguró que la Fundación cumplió con su función y desestimó las afirmaciones de los peritos de la Corte que señalaron irregularidades en la ejecución de las obras y en la rendición de cuentas. La situación se torna cada vez más compleja y, a medida que avanza el juicio, las repercusiones sobre la confianza pública en las instituciones y los programas sociales son ineludibles.
