Las tensiones entre el bloque de La Libertad Avanza en el Senado y la Casa Rosada están comenzando a complicar los acuerdos alcanzados con los aliados, a pesar de que se había generado un clima de "consenso" para modificar la ley que protege el derecho a la propiedad privada. En las últimas semanas, las diferencias se han acentuado, especialmente tras las negativas del Ejecutivo en lo que respecta a la convalidación de acuerdos entre los libertarios y la oposición más dialoguista. Esta situación no solo pone en riesgo la posibilidad de consenso sobre varios proyectos relevantes, sino que también genera un ambiente adverso ante la próxima sesión del Senado, programada para el 14 de diciembre, aunque aún no se ha recibido confirmación oficial sobre la misma.

El punto crítico de esta situación se dio el pasado miércoles, cuando el presidente del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, anunció a través de la red social X que se comenzaría a analizar una serie de iniciativas vinculadas a la Ficha Limpia. Esta propuesta se discute de manera independiente a la amplia reforma electoral que el Gobierno había presentado con el objetivo de desactivar las PASO. Este anuncio generó cierta sorpresa, especialmente por el cabildeo de algunos diputados “karinistas” que intentaban forzar la inclusión de estos temas dentro del mismo paquete legislativo. Además, surgió la inquietante información de que, en el Congreso, existe un plazo límite que se extiende hasta finales de mayo para ratificar un pacto entre el Estado y dos holdouts, lo cual complica aún más la situación.

En el ámbito del Senado, hasta el momento de redactar esta nota, no se había convocado a la comisión correspondiente para tratar el tema de la Ficha Limpia, lo que pone en evidencia la voluntad del Ejecutivo. La propuesta de Goerling es un claro indicativo de que se necesita una demostración tangible de interés por parte de Balcarce 50 en avanzar en este tema. Si bien hay votos disponibles en la Cámara alta, como se había informado en el último período estival, la situación es incierta. Es fundamental que el oficialismo se muestre dispuesto a trabajar en estos temas, ya que la propiedad privada también enfrenta complicaciones, dado que el oficialismo había intentado apresurar un dictamen exprés sin convocar a un nuevo plenario, lo que se asemeja a situaciones anteriores de falta de prolijidad legislativa.

Cabe destacar que la ley en cuestión ha tenido un cambio significativo, ya que se eliminó completamente el capítulo que hacía referencia al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Esta decisión representa una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había criticado el sistema vigente en manos de la Nación y buscaba transferir responsabilidades a las provincias. Detrás de esta modificación se esconde una importante cantidad de recursos económicos en juego, lo que refleja la urgencia del Gobierno por alcanzar un déficit fiscal cero, que es el eje central de su plan económico.

Además, esta decisión implica que se conservará un sistema de regularización de barrios populares que fue impulsado durante la gestión de Cambiemos, bajo la dirección de la exministra Carolina Stanley y algunos referentes piqueteros como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Este sistema fue respaldado con un amplio apoyo político en su momento, y algunos operadores políticos aún lo defienden con entusiasmo, lo que sugiere que se han establecido intereses cruzados que podrían influir en el desarrollo de futuras iniciativas legislativas.

A estos proyectos se suman, entre otros, las modificaciones a la ley de salud mental, que contará con la participación de cerca de 60 invitados en un plenario programado para el próximo martes. Asimismo, se encuentra en discusión la norma sobre discapacidad, que ha sido objeto de dilaciones por parte del Ejecutivo, a pesar de las insistencias previas que requerían el apoyo de dos tercios de ambas Cámaras. En este contexto, la situación del Senado parece estar marcada por una serie de tensiones y negociaciones que podrían definir el rumbo de varias políticas públicas en el país.