El regreso a Argentina del gendarme Nahuel Gallo ha llevado a que se solicite su declaración como testigo en la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta causa se encuentra bajo la jurisdicción de los tribunales federales de Comodoro Py.
La petición fue presentada por la querella que representa a las víctimas del régimen chavista. Esta querella está compuesta por la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER) y el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD). En su solicitud dirigida al juez Sebastián Ramos, quien lleva adelante el caso, se incluyó un comunicado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que califica la detención de Gallo como un "crimen de lesa humanidad".
Gallo, quien pasó 448 días en prisión en Venezuela, ha regresado recientemente al país. Durante su tiempo en cautiverio, estuvo incomunicado y sujeto a condiciones extremas. Al momento de su arresto, tanto Maduro como Diosdado Cabello lo acusaron de espionaje, lo que derivó en su traslado a centros clandestinos de detención. La querella destaca que las cárceles venezolanas son conocidas por someter a los prisioneros a torturas y abusos sistemáticos, lo que refuerza la importancia de su testimonio en el proceso judicial que investiga estos delitos.
El juez Ramos tiene la opción de consultar al fiscal Carlos Stornelli antes de tomar una decisión sobre la solicitud. Stornelli ya se había manifestado a favor de la extradición de Maduro, quien, junto a otros altos funcionarios venezolanos, está siendo procesado en Argentina bajo el principio de Jurisdicción Universal, permitiendo juzgar crímenes de esta naturaleza sin importar el lugar donde ocurrieron.
