El Senado de Bolivia ha decidido constituir una comisión especial con el objetivo de investigar las supuestas gestiones de influencia que habría ejercido el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el territorio boliviano, así como la implicación de otros actores tanto nacionales como internacionales en estas acciones. Esta decisión surge en un contexto de creciente preocupación por la transparencia y la ética en las relaciones políticas y comerciales entre Bolivia y otros países, especialmente en lo que respecta a la intervención de figuras externas en asuntos internos.
La investigación se centra en las acusaciones de que Zapatero habría recibido una suma de 200.000 euros de parte del Grupo Gloria, una empresa peruana, entre 2024 y 2025. Esta cantidad se habría negociado como una contraprestación económica para que el exmandatario español actuara como mediador en pleitos judiciales que la compañía mantenía en Bolivia. La creación de esta comisión busca arrojar luz sobre estas serias acusaciones y su posible impacto en la política y economía del país andino.
La nueva comisión estará conformada por seis senadores, quienes representarán a las diferentes fuerzas políticas presentes en la Cámara Alta. Cada bancada deberá designar a sus representantes, y se ha establecido un plazo de tres meses para que la comisión lleve a cabo su trabajo y presente un informe final al pleno del Senado. Este proceso no solo es significativo por su contenido, sino también por el contexto político en el que ocurre, ya que las relaciones entre el gobierno boliviano y figuras internacionales han sido objeto de críticas y cuestionamientos en los últimos años.
La solicitud para la creación de esta comisión provino de Alianza Libre, el principal partido de oposición en Bolivia, que argumenta la necesidad urgente de investigar las acciones de Zapatero y de solicitar a la Cancillería la documentación pertinente de las investigaciones que se han realizado en España. Tomasa Yarhui, líder de este partido en el Senado, enfatizó que es esencial investigar a fondo antes de llegar a cualquier conclusión sobre la supuesta culpabilidad de los involucrados. "Es crucial para nosotros que se exploren todos los hechos antes de poder justificar cualquier acusación contra los implicados", afirmó.
En medio de estas acusaciones, el expresidente boliviano Luis Arce ha negado haber tratado asuntos judiciales con Zapatero o haber participado en algún tipo de tráfico de influencias en favor del Grupo Gloria. Arce, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde diciembre por presuntos desvíos de fondos durante su gestión como ministro de Economía, ha defendido su relación con el exmandatario español como meramente institucional y política. Argumentó que las discusiones que mantuvo con Zapatero estaban enmarcadas dentro de los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis del Movimiento al Socialismo (MAS) durante las elecciones de 2025.
El informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal señala que el presunto pago a Zapatero fue justificado mediante un contrato simulado con una sociedad intermediaria. Esta revelación ha intensificado las críticas hacia las relaciones políticas y económicas entre Bolivia y las figuras extranjeras, planteando interrogantes sobre la integridad de las negociaciones y los posibles conflictos de interés que pueden surgir de estas interacciones. La situación continúa evolucionando, y la atención está centrada en cómo se desarrollará esta investigación y las posibles repercusiones que pueda tener en la política local.
