En un movimiento significativo para el sistema judicial argentino, el Gobierno ha comenzado a oficializar los nombramientos de jueces tras la reciente aprobación de pliegos en el Senado. Durante la sesión del jueves pasado, se dio luz verde a la designación de un total de 74 magistrados, y desde el Boletín Oficial ya se han publicado los primeros decretos firmados por el presidente Javier Milei. Entre los nombramientos se destaca el de Emilio Rosatti, quien se convierte en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Rosatti es conocido no solo por su trayectoria profesional, sino también por ser el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
Los decretos que formalizan estas designaciones son los números 445/2026, 446/2026 y 447/2026, los cuales fueron emitidos en el día de hoy. En ellos se argumenta que estas decisiones se toman en virtud del “acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación” y en ejercicio de las facultades que otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Este respaldo constitucional garantiza la legitimidad de los nombramientos, los cuales se producen en un contexto de alta tensión política y judicial.
Emilio Rosatti cuenta con casi dos décadas de experiencia en el ámbito del Poder Judicial federal. Su carrera comenzó en 2007, cuando ingresó como auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diferentes posiciones en el mismo tribunal, incluyendo roles como escribiente, prosecretario y secretario electoral. Desde el entorno del titular de la Suprema Corte se sostiene que Rosatti ingresó al sistema judicial casi una década antes que su padre, lo que ha generado un debate sobre posibles conflictos de interés y sobre la independencia del Poder Judicial.
La sesión del 4 de junio en el Senado estuvo marcada por momentos de tensión, especialmente por la controversia que rodeó la postulación de la jueza Verónica Michelli. Esta situación provocó una serie de críticas hacia la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien se opuso a la decisión del Ejecutivo de retirar el pliego de Michelli del temario. Antes de la sesión, Bullrich había presentado su renuncia y anunciado que se abstendría en la votación, lo que generó un clima de incertidumbre y descontento entre los senadores.
En la reunión de labor parlamentaria, se había acordado tratar un número limitado de nombramientos, pero el oficialismo sorprendió al introducir 70 designaciones en lugar de las 50 previamente pactadas. Este cambio inesperado encendió las tensiones entre el peronismo y algunos aliados, llevando la sesión al borde de la ruptura. Sin embargo, tras un cuarto intermedio y negociaciones entre los jefes de bloque, se logró alcanzar un consenso para aprobar un total de 74 pliegos judiciales, incluyendo el de Michelli.
El proceso de selección y aprobación de jueces es un tema crítico en la política argentina, ya que repercute directamente en la independencia del sistema judicial y en la confianza pública en las instituciones. La reciente aprobación de estos nombramientos es un reflejo de las dinámicas políticas actuales y de la capacidad del gobierno para navegar en un entorno legislativo complejo. A medida que se implementan estos cambios, será crucial observar cómo impactan en el funcionamiento del sistema judicial en el país y en la relación entre los distintos poderes del Estado.
