En el contexto de la segunda vuelta presidencial en Perú, el candidato de izquierda Roberto Sánchez ha planteado la anulación del voto de los ciudadanos peruanos en el exterior. Esta medida surge en un momento crítico, ya que los resultados preliminares apuntan al triunfo de la candidata de derecha, Keiko Fujimori. Con el 99,71% del escrutinio completado, Fujimori se encuentra liderando con un 50,11% de los votos, frente al 49,88% de Sánchez, lo que representa una diferencia de apenas 40.600 votos.
Sánchez, representante de Juntos por el Perú y con vínculos al expresidente encarcelado Pedro Castillo, argumenta que el proceso electoral del 7 de junio fue perjudicado por cambios implementados por la cancillería. Según el candidato, la decisión de no digitalizar las actas de votación y exigir que fueran enviadas en formato físico ha generado un impacto negativo en la transparencia y rapidez del conteo. Esta alteración en el procedimiento es considerada por Sánchez como una irregularidad grave, ya que se traduce en una mayor vulnerabilidad del sistema electoral.
La situación se complica aún más al considerar que, si se excluyen los votos emitidos desde el exterior, la balanza se inclina a favor de Sánchez, quien obtendría el 50,11% de los votos válidos, superando por apenas 40.793 sufragios a Fujimori. Esta discrepancia ha llevado al candidato a solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se revisen los procesos relacionados al voto en el extranjero, donde aún quedan pendientes 43 apelaciones de actas impugnadas y 23 audiencias de recuento de votos.
El enfoque de Sánchez se centra en la falta de transparencia que, a su juicio, caracteriza el manejo de las actas de votación en el exterior. El candidato sostiene que la logística utilizada para el traslado de las actas no cumplió con los estándares de seguridad requeridos, lo que podría haber facilitado irregularidades. En este sentido, ha señalado directamente al canciller Carlos Pareja, a quien su partido ha denunciado por presuntos delitos relacionados con el fraude electoral y la manipulación del proceso electoral.
Por su parte, el canciller Pareja ha desestimado las acusaciones, argumentando que no existen evidencias que sustenten las denuncias realizadas por Juntos por el Perú. Según él, tanto los observadores internacionales como las instituciones auditadoras del proceso electoral han confirmado la integridad del mismo. El ministro de Relaciones Exteriores ha enfatizado que las acusaciones carecen de fundamento y que el proceso de votación en el exterior se llevó a cabo conforme a lo establecido por la ley.
La controversia que rodea a estas elecciones refleja un ambiente político tenso en Perú, donde las divisiones entre la izquierda y la derecha continúan marcando el rumbo del país. La demanda de Sánchez podría ser vista como un intento de alterar el resultado electoral a su favor, pero también pone de relieve las preocupaciones sobre la transparencia y la confianza en el sistema electoral peruano. A medida que se resuelven las últimas apelaciones y se establecen los resultados finales, el futuro político del país se presenta incierto, con un electorado cada vez más dividido y cuestionando la legitimidad del proceso electoral.
