Moscú, 2 de abril (Redacción Medios Digitales) - En un contexto de creciente preocupación por las bajas en el frente ucraniano, el Ministerio de Defensa de Rusia ha comenzado un proceso de movilización encubierto. Esta iniciativa busca reclutar a decenas de miles de soldados a través de empresas, fábricas y universidades, con la finalidad de compensar las pérdidas significativas que ha sufrido el ejército ruso, que, según estimaciones de fuentes independientes, ya superan el millón de bajas, incluyendo tanto muertos como heridos.
La naturaleza clandestina de esta movilización se debe al descontento popular generado por la anterior leva de reservistas en septiembre de 2022, que provocó un éxodo masivo de cerca de un millón de hombres en edad militar. La reacción negativa de la población ante la movilización anterior ha llevado al Kremlin a adoptar un enfoque más sutil, intentando evitar la agitación social que podría surgir de un reclutamiento abierto.
Analistas militares sugieren que esta estrategia indica que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene intención de cesar las hostilidades en Ucrania, especialmente considerando que este sábado se cumplirán 1.500 días desde el inicio del conflicto. La percepción es que el Kremlin espera que Ucrania no retire sus tropas en el nuevo plazo de dos meses que ha concedido a Kiev, lo que refuerza la idea de que la guerra seguirá intensificándose.
Por primera vez, la existencia de cuotas de reclutamiento ha sido reconocida oficialmente en la región de Riazán. El gobernador, Pável Málkov, firmó el 20 de marzo una disposición que exige a las empresas seleccionar candidatos para el servicio militar por contrato. Este requerimiento afecta a todas las empresas con más de 150 empleados, tanto públicas como privadas, y establece que deben aportar entre 2 y 5 voluntarios al servicio militar entre el 20 de marzo y el 20 de septiembre.
Las especificaciones son claras: las empresas con menos de 300 trabajadores deben presentar dos candidatos, las que cuentan entre 300 y 500 empleados deberán seleccionar a tres, y aquellas con más de 500 empleados deberán proveer cinco. Esto ha generado inquietud entre los empresarios y los trabajadores, quienes temen represalias si no cumplen con las cuotas establecidas.
El portal Conflict Intelligence Team (CIT) ha señalado que otras regiones podrían haber implementado normativas similares, aunque no se han divulgado oficialmente. En caso de que las empresas no cumplan con la cuota de reclutamiento, se enfrentarían a sanciones que podrían incluir multas de hasta un millón de rublos (aproximadamente 12.200 dólares) o la detención administrativa de sus directores por un mes.
Expertos en derecho han cuestionado la legalidad de esta disposición, argumentando que la obligación de reclutar voluntarios no debería imponerse de esta manera. Timoféi Vaskin, abogado de la organización Escuelas de Reclutas, enfatizó que los decretos presidenciales firmados en 2022 obligan a las regiones a asumir los costos sociales y económicos del conflicto, y no a implementar un reclutamiento forzado de voluntarios.
Este movimiento se produce en un momento en que el Kremlin ha insistido en que no se contempla una nueva movilización, a pesar de las evidencias que sugieren lo contrario. Dmitri Medvédev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, ha declarado que no es necesario llevar a cabo una segunda movilización, lo que contrasta con la realidad sobre el terreno, donde las pérdidas continúan acumulándose. La situación en el frente ucraniano y las decisiones tomadas por el Kremlin seguirán siendo objeto de análisis mientras la guerra se prolongue.
