El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha declarado el estado de excepción para todo el país, en respuesta a más de seis semanas de intensas protestas y bloqueos de rutas que han dejado un saldo trágico de 16 personas fallecidas, de las cuales 13 perdieron la vida debido a la falta de atención médica oportuna. Esta decisión, tomada en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y sectores sindicales y opositores, busca garantizar la seguridad y la libre circulación de los ciudadanos, que han sido gravemente afectados por las manifestaciones.
En un discurso transmitido por televisión, Paz explicó que se han agotado las instancias de diálogo y negociación con diversos grupos que han presentado demandas legítimas. No obstante, también mencionó que ha sido necesario identificar a aquellos que han buscado aprovechar la situación para desestabilizar el país. “Tomamos esta difícil decisión para restablecer el orden y la normalidad”, afirmó el mandatario, quien ha enfatizado que su administración ha priorizado la búsqueda de soluciones pacíficas antes que la confrontación.
El estado de excepción se implementa en un momento crítico, tras un acuerdo inicial con la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, continúan existiendo focos de resistencia y descontento en varias regiones del país, lo que ha llevado a la administración de Paz a actuar con firmeza. Este ambiente de incertidumbre ha sido calificado por el presidente como un intento organizado de desestabilización, lo que él denomina un “golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.
Paz, durante su discurso, también hizo hincapié en la existencia de `estructuras políticas organizadas` que estarían operando desde el Chapare, una región considerada el bastión político de Evo Morales. Este hecho ha llevado al presidente a lamentar las consecuencias devastadoras que estas acciones han producido en la población, causando no solo pérdidas humanas, sino también un daño económico significativo que afecta a toda la nación.
La declaración del estado de excepción tiene como objetivo liberar a los ciudadanos de la presión ejercida por los bloqueos que han paralizado actividades esenciales como el trabajo, la educación y el acceso a servicios de salud. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de estas situaciones”, expresó Paz a través de su cuenta en X, resaltando la necesidad de restablecer la normalidad en el país y garantizar el abastecimiento de bienes y servicios.
En cuanto a las medidas específicas que se implementarán, el gobierno ha aclarado que el estado de excepción no implica la suspensión de derechos fundamentales, pero sí prohíbe de manera estricta los bloqueos de carreteras y el uso de armas o elementos violentos. Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, se ha dispuesto el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a las fuerzas policiales, con el fin de proteger las rutas estratégicas y asegurar la infraestructura necesaria para el funcionamiento del país. La administración de Paz ha dejado claro que las puertas del gobierno permanecerán abiertas para el diálogo, invitando a aquellos que deseen participar de buena fe en la búsqueda de soluciones a la crisis actual.
