El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se pronunció enérgicamente en contra de la reciente amenaza de paro anunciada por el Órgano Judicial, señalando que este tipo de prácticas son una herencia negativa de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). En una conferencia ofrecida a la prensa en Asunción, el mandatario hizo hincapié en que la única vía viable para resolver los conflictos institucionales es mediante el diálogo, rechazando cualquier tipo de presión o bloqueo.
Durante el encuentro, Paz abordó la advertencia realizada por jueces que manifestaron su intención de suspender funciones si el Ejecutivo y el Parlamento no satisfacían sus exigencias en cuanto a presupuesto y legislaciones pendientes. El presidente, aludiendo a la necesidad de cambios en la política boliviana, instó a las autoridades judiciales a desistir de tácticas de presión que, según él, han caracterizado al país durante las últimas dos décadas. "Es hora de poner orden, siempre a través del diálogo. Las amenazas de paros y bloqueos son parte del pasado. El futuro debe construirse sobre la base de la concertación y la modernidad", enfatizó.
La respuesta del Órgano Judicial se dio en una reunión celebrada en Sucre, donde los representantes de la justicia aprobaron una resolución solicitando un aumento en el presupuesto y la rápida aprobación de leyes que llevan tiempo esperando en la Asamblea Legislativa. Como medida de presión, advirtieron que podrían iniciar un paro si no obtenían una respuesta favorable a sus demandas. Esta situación refleja las tensiones existentes entre los diferentes poderes del Estado y evidencia una falta de diálogo efectivo.
José Luis Galvez, vocero del presidente, se refirió a la amenaza del Órgano Judicial como "inaudita" y criticó a los magistrados, acusándolos de adoptar una postura de "sindicatos" al considerar la paralización como un medio de protesta. Esta declaración resalta la creciente polarización entre el Ejecutivo y el Judicial, así como la necesidad urgente de encontrar un terreno común para abordar las cuestiones que afectan a ambos sectores.
Paz también recordó el “gran acuerdo nacional” alcanzado en Cochabamba, que dio origen a una serie de normativas que actualmente aguardan tratamiento en el parlamento. Subrayó que las reformas judiciales deben ser parte de un consenso amplio, y que no pueden ser impuestas por decreto, sino que requieren el debate y la aprobación legislativa correspondiente. "Las reformas en justicia, salud y educación son temas que deben ser discutidos en el parlamento", sostuvo, haciendo hincapié en la importancia de una colaboración interinstitucional.
La tensión entre el Ejecutivo y el Judicial se intensificó con la respuesta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien afirmó que el Órgano Judicial posee lo que el Gobierno carece, en alusión a la reciente crisis social en el país. Esta declaración no solo agrava la tensión existente, sino que también pone de manifiesto la falta de un enfoque unificado para abordar la crisis judicial. El presidente Paz reafirmó la necesidad de una justicia firme y de una fiscalía que colabore con el Ejecutivo para enfrentar la situación actual, señalando que es fundamental unir esfuerzos entre las diferentes instituciones del Estado.
Mientras tanto, el Gobierno boliviano ha anunciado que el suministro de combustible comienza a normalizarse, aunque la realidad en las principales ciudades muestra filas de vehículos en búsqueda de gasolina y diésel. Esta situación es un reflejo de la complejidad de los desafíos que enfrenta el país, que van más allá de las tensiones políticas y requieren soluciones integrales que consideren las necesidades de la población. La búsqueda de un equilibrio entre los diferentes poderes del Estado y la promoción de un diálogo constructivo se presentan como prioridades esenciales para el futuro de Bolivia.
