La renuncia de Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza, marcó un momento crítico en la política provincial. El funcionario se alejó de su puesto el día de ayer, tras una grave denuncia penal presentada por su ex pareja, quien lo acusó de abuso sexual, lesiones y amenazas en el contexto de violencia de género. Esta decisión fue caracterizada por D’Agostino como “indeclinable y voluntaria”, enfatizando su deseo de colaborar plenamente con la investigación que lleva adelante la fiscal Valeria Bottini.
El impacto de esta renuncia no puede subestimarse, ya que D’Agostino era considerado una figura clave dentro del equipo del gobernador Alfredo Cornejo. Desde que asumió su cargo en 2015, su influencia en el ámbito judicial de la provincia había sido notable, convirtiéndose en un operador esencial para la gestión del gobierno. Sin embargo, la seriedad de las acusaciones en su contra ha llevado a un debilitamiento del gabinete provincial en un momento ya de por sí complejo.
La denuncia, que consta de un extenso documento judicial de 40 páginas, incluye acusaciones de abuso sexual con acceso carnal, así como lesiones tanto leves como graves. Además, se mencionan amenazas coactivas y violencia de género en múltiples formas. La denunciante, quien es licenciada en comercialización, docente y periodista, ha relatado una serie de episodios de violencia física que incluyen incluso evidencia fotográfica de las lesiones sufridas, reflejando un patrón de conductas coercitivas que la mantuvieron en un estado de control y aislamiento.
Los hechos denunciados habrían tenido lugar entre 2021 y 2024, con una prolongación del hostigamiento hasta finales de 2025. Esta relación, que se inició en un contexto profesional, se transformó en un escenario de abuso y violencia que la víctima ha decidido visibilizar a través de la justicia. La gravedad de las acusaciones ha llevado a solicitar medidas cautelares como la prohibición de acercamiento, el embargo preventivo de bienes y la restricción de salida del país para D’Agostino.
La denuncia fue presentada en el Polo Judicial de Mendoza, y la fiscal Valeria Bottini asumió la responsabilidad de la investigación. Es importante destacar que el procurador general, Alejandro Gullé, se ha apartado del caso debido a su relación previa con el ex subsecretario, lo que busca garantizar la imparcialidad del proceso. Desde el Ministerio Público Fiscal se ha indicado que se están llevando a cabo las medidas pertinentes de acuerdo a los protocolos establecidos, sin ofrecer detalles adicionales para no interferir con el desarrollo de la investigación.
A su vez, la denuncia incluye relatos sobre la utilización del poder institucional como método de intimidación, así como la vulneración de la privacidad de la denunciante a través de grabaciones y restricciones en sus espacios académicos y redes sociales. Este tipo de conductas, que reflejan una dinámica de abuso de poder, ponen de manifiesto la necesidad de abordar la violencia de género de manera integral dentro de las instituciones. La situación actual exige no solo un enfoque judicial, sino también un compromiso social para erradicar la violencia en todas sus formas y garantizar un entorno seguro para las víctimas.
Con la renuncia de D’Agostino, el debate sobre la violencia de género y el abuso de poder en los entornos laborales y políticos se vuelve más relevante que nunca. La respuesta de las instituciones y la sociedad será clave para fomentar un cambio cultural que apoye a las víctimas y promueva un entorno de respeto y dignidad.
