La reforma laboral, aprobada a finales de febrero, aún no ha entrado en plena vigencia, lo que ha desatado una serie de cuestionamientos legales que podrían impactar significativamente en el sistema de justicia laboral. Desde su promulgación, diversos actores, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), han planteado inquietudes que han sido objeto de análisis por parte de diferentes instancias judiciales. Un fallo reciente de la cámara ha revertido algunos de estos cuestionamientos, pero la incertidumbre persiste y podría estar contribuyendo al aumento de juicios relacionados con riesgos laborales en el primer trimestre del año.

Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), se ha evidenciado un aumento significativo en la cantidad de juicios iniciados, alcanzando un total de 26.695 nuevos casos entre enero y marzo de 2026. Esta cifra, comparada con el mismo período del año anterior, muestra un crecimiento alarmante en el stock total de juicios, que ya asciende a 135.000. Este aumento ha generado preocupación en el sector asegurador, que advierte sobre las consecuencias de una litigiosidad en constante crecimiento en el ámbito laboral.

Los datos revelan que en marzo de 2026 se registraron 13.260 nuevas acciones judiciales, lo que representa un aumento notable respecto al primer trimestre de 2025. Las aseguradoras han señalado que este incremento es aún más significativo si se considera que enero es un mes tradicionalmente de feria judicial, lo que limita la actividad en los tribunales. Esta tendencia creciente en la litigiosidad laboral ha llevado a los expertos a alertar sobre una posible crisis en la gestión de juicios, que podría desbordar las capacidades del sistema judicial.

De acuerdo con las proyecciones de la UART, si esta tendencia continúa, se espera que a finales de 2026 se superen los 138.000 juicios, lo que marcaría un nuevo récord en comparación con el año anterior, que cerró con 134.000 demandas. Este aumento no solo refleja una insatisfacción con las condiciones laborales, sino que también pone en evidencia las debilidades del sistema judicial para abordar la creciente demanda de justicia en el ámbito laboral. Las causas de esta situación son complejas y multifactoriales, pero un elemento clave es la falta de designación de Cuerpos Médicos Forenses en varias provincias, lo que ha dificultado la resolución eficiente de los casos.

En el contexto provincial, la situación presenta matices interesantes. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se ha registrado una caída en la litigiosidad tras cifras elevadas en febrero, aunque aún muestra un aumento del 10% en comparación con marzo de 2025. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido la jurisdicción que más ha registrado un incremento, con aumentos del 26,2% respecto a febrero y del 27,5% en relación con marzo del año anterior. Estas diferencias regionales evidencian la necesidad de abordar la reforma laboral de manera integral, considerando las particularidades de cada jurisdicción.

Por otro lado, es importante destacar que la provincia de Santa Fe ha avanzado en la constitución de Cuerpos Médicos Forenses, un paso que podría contribuir a la mejora del sistema judicial en cuanto a la resolución de litigios laborales. La reciente aprobación de un proyecto que establece la intervención obligatoria de estos cuerpos en los procesos judiciales es un avance positivo, aunque aún queda camino por recorrer. La ley busca establecer pautas claras para el funcionamiento de estos cuerpos, lo que podría aliviar la carga del sistema judicial y reducir la litigiosidad.

La reforma laboral también introduce cambios significativos en la manera de abordar los juicios. Entre las modificaciones, se destaca la posibilidad de que los jueces consideren desproporcionados los reclamos de los trabajadores, lo que podría llevar a que estos y sus abogados deban hacerse cargo de las costas si se falla en su contra. Además, la ley permite el pago en cuotas de las sentencias, lo que podría facilitar el acceso a la justicia, aunque también plantea interrogantes sobre su implementación y efectividad a largo plazo. En un contexto de inflación creciente, la reforma busca evitar criterios arbitrarios en la actualización de sentencias, un aspecto que podría ser crucial para lograr una justicia laboral más equitativa.

En conclusión, la situación actual de la reforma laboral y el aumento de juicios por riesgos del trabajo refleja tensiones en el sistema laboral argentino que requieren atención urgente. La falta de implementación plena de la ley y la creciente litigiosidad pueden tener repercusiones significativas en la economía y en la relación entre empleadores y trabajadores. Es fundamental que se tomen medidas efectivas para abordar estos desafíos y garantizar un sistema laboral justo y equitativo para todos los actores involucrados.