El reciente proyecto de reforma a la ley de Inocencia Fiscal, enviado por el Gobierno al Congreso, está generando un clima de incertidumbre entre los contribuyentes. Este marco normativo, que se esperaba simplificara y clarificara la situación fiscal, incluye un artículo polémico que podría socavar la protección prometida a quienes enfrentan inspecciones fiscales. La inclusión del artículo 42 ter ha sido objeto de críticas por parte de especialistas en temas tributarios, quienes advierten que podría desvirtuar el objetivo de la reforma.
En una reciente entrevista, el abogado Diego Fraga, experto en materia fiscal, destacó que el artículo incluido en el proyecto no fue discutido en la reunión mantenida el 21 de mayo en el Palacio de Hacienda. En dicha reunión, participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andréz Váquez. Fraga argumenta que la falta de diálogo en torno a este artículo ha llevado a una introducción de incertidumbre que contradice las expectativas de los contadores, quienes pidieron una mayor claridad y protección para los contribuyentes.
El núcleo del debate radica en que, al adherir al régimen de Ganancias Simplificado, los contribuyentes con inspecciones en curso podrían perder la protección del "tapón fiscal" que se había prometido para períodos anteriores. Esta situación genera una contradicción en la lógica del nuevo régimen, donde, por un lado, se intenta facilitar la regularización de fondos, pero, por otro, se deja abierta la posibilidad de que ARCA continúe con las fiscalizaciones ya iniciadas. Para Fraga, el nuevo artículo compromete la esencia del régimen, que busca incentivar la formalización de activos y el ingreso de dólares al sistema.
Además, el abogado explicó que la inclusión de este artículo puede desincentivar a los contribuyentes a exteriorizar sus fondos. Si un contribuyente muestra activos que antes no estaban visibles durante una inspección en curso, corre el riesgo de que dicha información sea utilizada por ARCA para reforzar los reclamos existentes. Fraga pone de relieve un caso típico: alguien que tiene una inspección por Ganancias de años anteriores y decide declarar fondos o realizar una compra significativa. En este contexto, la reacción del contribuyente podría ser la de ocultar información por temor a que la agencia aproveche la nueva declaración para argumentar en su contra.
El experto también alertó sobre las implicancias que esta situación podría tener a nivel institucional. Si el artículo 42 ter se mantiene, ARCA podría verse tentada a intensificar las revisiones antes de que los contribuyentes decidan adherir al nuevo régimen, lo cual podría llevar a una proliferación de órdenes de intervención masivas. Esto, a su vez, podría neutralizar el efecto positivo que se buscaba lograr con la implementación del “tapón fiscal”, convirtiendo la intención de facilitar la formalización en un obstáculo adicional para los contribuyentes.
La expectativa entre los contadores es que, durante el debate parlamentario, se pueda reconsiderar este artículo y eliminar la incertidumbre que genera. La preocupación radica en que esta confusión podría afectar el objetivo económico fundamental de la reforma: incentivar a los ciudadanos a regularizar sus fondos y sacar el dinero del colchón. Así, la necesidad de una revisión profunda y un consenso claro sobre el contenido del proyecto se hace cada vez más evidente, para asegurar que la reforma cumpla con sus objetivos y no genere más dudas entre los contribuyentes.
En resumen, el artículo 42 ter del proyecto de reforma a la ley de Inocencia Fiscal plantea serias interrogantes sobre su implementación y las consecuencias que podría tener para los contribuyentes en un contexto donde la necesidad de claridad y confianza es más crucial que nunca. La discusión en el Congreso será clave para determinar el rumbo de esta normativa y su impacto en el comportamiento fiscal de los ciudadanos.
