La Cámara de Diputados se prepara para discutir un proyecto de ley que busca modificar el régimen de subsidios al gas en las denominadas zonas frías del país. Este debate, que tendrá lugar el miércoles, forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional, cuyo objetivo es reducir el costo fiscal asociado a estos subsidios, focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables y cambiar el esquema de financiamiento del beneficio. La reforma busca ajustar un sistema que, a criterio del Ejecutivo, se ha vuelto insostenible y ha generado distorsiones en el mercado energético.
La propuesta de reforma no solo se limita al gas, sino que se incluye en un paquete de reformas energéticas más amplio que contempla la regularización de deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista, ajustes tarifarios y la eliminación de ciertos regímenes promocionales vinculados a la producción de hidrocarburos. De esta manera, el Gobierno busca optimizar la gestión de recursos en un contexto donde la presión fiscal es cada vez más evidente y donde se requiere un manejo más eficiente de los subsidios en el sector energético.
Uno de los puntos más debatidos de la reforma es la crítica a la ampliación del régimen de subsidios que se aprobó en 2021. Según el Gobierno, esta expansión desnaturalizó el esquema original, generando un aumento significativo en los subsidios cruzados que son financiados por los usuarios en otras regiones del país. Esta situación ha llevado al Ejecutivo a replantear la forma en que se distribuyen los beneficios, buscando un enfoque más equitativo y sustentable.
El texto del proyecto establece que se mantendrán los subsidios históricos para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna, quienes continuarán recibiendo bonificaciones sobre el precio del gas natural y del gas propano. No obstante, se introducen cambios significativos para los usuarios que fueron incorporados tras la ampliación de la Ley 27.637, quienes deberán cumplir con nuevos requisitos para acceder a los subsidios.
A partir de la reforma, los hogares en las zonas ampliadas solo podrán beneficiarse de subsidios adicionales si están inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a fines de 2025. Este nuevo esquema evaluará simultáneamente la ubicación geográfica de los hogares en áreas de severidad climática y la condición socioeconómica de cada familia, lo cual representa un cambio importante en la forma de asignar estos beneficios.
El Gobierno ha establecido que podrán acceder al subsidio aquellos hogares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales. También se incluirán en este régimen a aquellos con el Certificado de Vivienda del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad. De esta forma, se busca garantizar que la ayuda estatal llegue a quienes realmente la necesitan, aunque también se anticipa que la medida podría generar un aumento en las tarifas para aquellos que queden excluidos del nuevo esquema.
Un informe elaborado por IERAL Fundación Mediterránea sugiere que los mayores incrementos en las tarifas recaerán sobre aquellos usuarios de zonas ampliadas que no califiquen para el nuevo sistema focalizado. Por ejemplo, un hogar promedio en Bahía Blanca que actualmente recibe subsidios podría enfrentar una significativa alza en su factura si no logra cumplir con los nuevos criterios establecidos por el Gobierno. En este sentido, la reforma no solo impactará en la economía de los hogares, sino que también podría generar un debate más amplio sobre la sostenibilidad y la equidad en el acceso a los servicios esenciales como el gas.
