El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha promulgado una significativa ley que transforma el sistema de pensiones del sector público nacional, una medida que ha generado tanto apoyo como controversia en distintos sectores de la sociedad. Esta reforma, que eleva las contribuciones de trabajadores y del Estado, fue presentada por Peña como una acción “responsable y necesaria” para asegurar la jubilación de miles de ciudadanos paraguayos, en un contexto donde la sostenibilidad del sistema es cada vez más cuestionada.

En su cuenta oficial de X, el presidente destacó que la reforma es un paso esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, al tiempo que busca ordenar las cuentas públicas. “Cada trabajador deberá recibir lo que le corresponde”, afirmó Peña, agradeciendo a los legisladores por el “debate democrático” que enriqueció el proceso de aprobación de esta ley. Sin embargo, la subida de los aportes ha suscitado una serie de reacciones que merecen ser analizadas en profundidad, considerando el impacto que estos cambios tendrán en la vida de los ciudadanos.

La ley, que tuvo su origen en una aprobación inicial por parte de la Cámara de Diputados en febrero, fue modificada en el Senado antes de su ratificación final. Originalmente, el proyecto estipulaba una edad mínima de jubilación de 57 años; no obstante, la versión definitiva establece nuevas condiciones. Para los maestros, docentes universitarios y magistrados judiciales, la edad mínima se ha fijado en 53 años, siempre que cuenten con un mínimo de 25 años de aportes, un cambio que introduce un requisito que no existía en el marco legal anterior.

En términos de aportes, los trabajadores del sector público verán un incremento en su contribución del 16% al 19%, mientras que la participación del Estado aumentará del 5% al 10%. Este ajuste busca no sólo fortalecer el sistema de pensiones, sino también responder a las demandas de los grupos gremiales, que habían solicitado un aporte estatal del 14%. Sin embargo, las implicaciones de estos aumentos son objeto de debate, especialmente entre los sectores más vulnerables que podrían ver afectada su capacidad de ahorro.

Los docentes, que ya aportan un 19% a la “caja fiscal”, deberán añadir un 5,5% adicional destinado a un seguro social, lo que representa una carga financiera considerable. En el caso de las Fuerzas Públicas, la nueva ley establece una edad de jubilación de 55 años, también con la condición de haber realizado 25 años de aportes. Estos cambios reflejan una voluntad de modernizar el sistema, pero también evidencian la necesidad de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad del mismo y los derechos de los trabajadores.

Durante la sesión legislativa en la que se aprobó la reforma, una multitud de maestros se congregó en las cercanías del Congreso en Asunción, manifestando su apoyo al proyecto enviado por el Senado, que calificaron como “un mal menor” frente a alternativas que proponían elevar significativamente la edad de jubilación. Esta movilización destaca la preocupación de los docentes por su futuro y la necesidad de un sistema que les garantice una jubilación digna.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, advirtió sobre la necesidad de implementar una “economía de guerra” en el ámbito fiscal. En este sentido, instó a la población a “ajustarse los cinturones” dado el descenso en la recaudación tributaria y los ingresos provenientes de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá, afectadas por la depreciación del dólar. Esta situación económica compleja añade un nivel adicional de urgencia a la reforma del sistema de pensiones, que se presenta como una medida crucial para enfrentar los desafíos fiscales que enfrenta el país.