La reciente reconfiguración del gabinete talibán, impulsada por el líder supremo mulá Haibatullah Akhundzada, ha intensificado las divisiones entre las facciones del movimiento en Afganistán. Este cambio de mando, que incluye la designación de clérigos en roles clave, se percibe como un refuerzo del ala más extremista de Kandahar, en detrimento de la facción más pragmática de Kabul. La entrega del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información al mulá Abdul Ahad Fazli, ex gobernador de Faryab, ha sido objeto de críticas por su falta de profesionalismo y su enfoque monopolístico en la toma de decisiones.
Desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán en agosto de 2021, han existido promesas de reformas que incluían la elaboración de una nueva Constitución y un gobierno inclusivo. Sin embargo, a casi cinco años de aquel momento histórico, la realidad muestra un régimen autoritario que se maneja con mano de hierro desde el sur del país. Esta transición de un gobierno interino a una administración de poder absoluto ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población y los analistas políticos.
Los cambios recientes, comunicados por el portavoz Zabiullah Mujahid, abarcan una serie de nombramientos que impactan diversas áreas, desde la gobernación hasta el liderazgo militar en provincias cruciales. La decisión de reubicar a Abdul Rahman Haqqani de Baghlan a Khost, su bastión tradicional, refleja un movimiento estratégico que busca consolidar el control de Kandahar en regiones clave. Además, la colocación de Abdullah Mukhtar en Baghlan parece ser un intento de debilitar la influencia local y diversificar el poder.
El retorno del mulá Abdul Haq a la jefatura de policía de Maidan Wardak es otra señal clara del predominio de la 'vieja guardia' talibán en la estructura de seguridad del país. Esta jugada es vista como un intento de asegurar la lealtad de los clérigos más tradicionales en sectores críticos, lo que podría limitar la capacidad de los funcionarios más técnicos y experimentados que podrían aportar una visión más moderna y funcional al gobierno.
Expertos en política afgana, como Wais Nasiri, han expresado su preocupación ante esta tendencia, señalando que las recientes designaciones no se basan en criterios profesionales, sino que responden a prejuicios étnicos y facciosos. La exclusión de cuadros técnicos competentes plantea serias dudas sobre la legitimidad y la eficacia de la administración talibán actual. Nasiri subraya que el régimen no puede ser considerado un verdadero Estado ni un gobierno funcional, ya que sus decisiones se fundamentan más en ideologías que en la necesidad de una gestión efectiva.
La estructura inicial del gobierno talibán estaba diseñada para reflejar un equilibrio de poder entre las distintas facciones que formaron parte de la insurgencia, principalmente entre los tradicionalistas de Kandahar y la Red Haqqani, clave en la lucha por el control de Kabul. Esta lucha interna ha dado lugar a una polarización entre dos visiones opuestas del autodenominado Emirato, en conflicto desde su regreso al poder en 2021. Por un lado, la facción de Kandahar, a cargo de Akhundzada, promueve una centralización extrema y el control religioso en todas las instituciones; mientras que el grupo de Kabul, representado por ministros con mayor proyección internacional, aboga por mantener la funcionalidad del Estado y evitar el aislamiento internacional.
Si bien se reconocen algunos avances en términos de seguridad y reconstrucción, la creciente brecha entre estas facciones podría obstaculizar cualquier progreso futuro y aumentar la inestabilidad en el país. Los analistas advierten que las tensiones internas dentro del liderazgo talibán podrían tener repercusiones significativas para la población afgana, que sigue enfrentando desafíos económicos y sociales profundos en un contexto de creciente autoritarismo.
