Más allá del mar territorial, la Argentina cuenta con una zona económica exclusiva que se extiende hasta las 200 millas. A esa superficie se incorporó, hace pocos años, una extensión adicional reconocida por las Naciones Unidas, a partir de la consideración de que los derechos argentinos también alcanzan áreas donde el lecho marino constituye la prolongación natural del continente, más allá de la milla 200.
Esa ampliación representa 1.782.500 kilómetros cuadrados y eleva a 3.097.500 kilómetros cuadrados la superficie marítima argentina. Se trata de un espacio que supera la extensión de la parte continental del país y que concentra recursos cuya protección requiere una presencia efectiva y sostenida.
Con la participación de distintos organismos, una iniciativa interministerial del Gobierno argentino denominada Proyecto Pampa Azul planteó fortalecer la soberanía nacional sobre el mar a través de la investigación científica, la innovación tecnológica y la conservación de los recursos marinos. Sin embargo, el país no cuenta con el equipamiento necesario para ejercer una jurisdicción real y efectiva que permita aprovechar sus recursos y controlar las actividades desarrolladas en ese espacio.
En ese contexto, el Plan de Construcciones Navales Militares de 1974 tuvo como objetivo ampliar la flota de la Armada Argentina y consolidar la industria de defensa nacional. El programa contemplaba la compra de cuatro fragatas y seis corbetas, además de proyectar la construcción en el país de seis submarinos. Ese plan fue abandonado durante la década de 1990 y, a comienzos de este siglo, la Armada recibió su última corbeta. La falta de medios también dejó al país expuesto ante la actividad de flotas extracontinentales europeas y asiáticas sobre los recursos marítimos.
