El Gobierno argentino se encuentra en la etapa de formulación de un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa tiene como objetivo principal ofrecer garantías a los contribuyentes que poseen dólares fuera del circuito formal, permitiéndoles ingresar esos fondos sin temor a ser perseguidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La urgencia de esta presentación radica en el inminente vencimiento, el próximo 27 de julio, del plazo para que los interesados puedan presentar sus declaraciones juradas en el marco del Impuesto a las Ganancias Simplificado.
Recientemente, durante un seminario llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, destacados tributaristas como Sebastián Domínguez, Alberto Mastandrea y Carolina Calello, expusieron una serie de propuestas que buscan reformular la actual legislación. En total, se presentaron nueve sugerencias que buscan facilitar el acceso al régimen fiscal para aquellos contribuyentes que superan ciertos umbrales de ingresos y patrimonio, los cuales actualmente los excluyen de este beneficio. Esta situación ha sido criticada, ya que contribuyentes con ingresos que superan los $1.000 millones se ven perjudicados por parámetros que no reflejan su capacidad real de contribución, como ingresos derivados de operaciones de trading o herencias.
Una de las modificaciones más significativas que se propone es la eliminación de estos umbrales de ingresos y patrimonio, dejando como único criterio para acceder al régimen la clasificación como gran contribuyente nacional. Esta corrección se considera vital, ya que permitirá incluir a más contribuyentes en un sistema que debería ser más inclusivo y representativo de la realidad económica del país. En este sentido, los especialistas coinciden en que este cambio no solo es necesario, sino que también es un paso positivo hacia la modernización del régimen tributario.
En cuanto a la definición de discrepancia significativa, el régimen actual establece un umbral del 15% sobre la variación del impuesto, lo que puede llevar a situaciones injustas. Por ejemplo, diferencias mínimas, incluso de un peso, pueden descalificar a un contribuyente de la presunción de exactitud, lo que a su vez desencadena una serie de efectos adversos en su situación tributaria. Se propone mantener el porcentaje del 15%, pero incluir un umbral mínimo en pesos, fijado en aproximadamente $500.000, para que solo se considere discrepancia cuando se superen ambos criterios de manera simultánea.
Otro aspecto destacado en las propuestas es la posibilidad de que los contribuyentes se allanen a la pretensión fiscal antes de recibir una notificación de determinación de oficio. Esto permitiría a los contribuyentes presentar una declaración jurada rectificativa y regularizar su situación fiscal sin perder los beneficios del régimen. Esta modificación resulta crucial, ya que protege a aquellos que cometen errores menores o ajustes que no implican una conducta evasiva, brindando así mayor seguridad jurídica en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Asimismo, el nuevo proyecto también busca asegurar la permanencia y previsibilidad en los mecanismos de regularización, a diferencia del régimen actual, que depende de políticas fiscales que suelen variar con cada administración gubernamental. Por tanto, se plantea la necesidad de establecer un marco claro sobre cómo proceder en casos de retenciones impugnadas, sugiriendo que tales situaciones no deberían ser sometidas al proceso de determinación de oficio.
En conclusión, las propuestas presentadas por los expertos en el ámbito tributario apuntan a crear un marco más amigable y accesible para los contribuyentes, promoviendo así la reinserción de capitales en el sistema formal. Estas reformas no solo tienen el potencial de aumentar la recaudación fiscal, sino que también pueden contribuir a una mayor justicia tributaria, beneficiando a sectores que actualmente se encuentran en un limbo fiscal. La espera por la implementación de este proyecto será crucial para evaluar su impacto en la economía argentina y la confianza de los contribuyentes en el sistema tributario.
