El uso de teléfonos celulares en las prisiones argentinas se encuentra en el centro del debate legislativo, impulsado por un proyecto de ley de la diputada Silvana Giudici, quien busca establecer una prohibición total y formal en todos los establecimientos carcelarios del país. Esta iniciativa surge en un contexto alarmante, donde las extorsiones digitales han aumentado significativamente, facilitadas por bandas que operan desde dentro de los penales. El caso más reciente que ha conmocionado a la sociedad es el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un joven soldado de 21 años del Ejército Argentino, que se encontraba destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos. Gómez se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión que se originó en un penal bonaerense, lo que trae a la luz la problemática del uso de dispositivos móviles en estos recintos.

La propuesta legislativa busca modificar la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención y establece los derechos y obligaciones de los internos. Según Giudici, es fundamental erradicar los delitos que se cometen desde las cárceles, los cuales se han visto favorecidos por decisiones tomadas durante la pandemia que permitieron el uso de celulares en los penales. La legisladora enfatiza que las estructuras del crimen organizado, así como aquellas dedicadas a la extorsión y las estafas digitales, han crecido en poder y alcance gracias a esta laxitud en las normativas penitenciarias.

El proyecto cuenta con el respaldo de más de 50 legisladores, lo que indica un fuerte consenso en torno a la necesidad de abordar esta problemática. La propuesta incluye la incorporación de un nuevo artículo, el 79 bis, que establece la prohibición de la tenencia y uso de dispositivos móviles, así como la facilitación o comercialización de cualquier medio de comunicación que permita la transmisión de voz o datos. Esto incluye teléfonos celulares, tarjetas SIM y módems, entre otros. Sin embargo, se contempla una excepción para el equipamiento informático que sea autorizado por las autoridades penitenciarias, siempre que esté destinado a programas educativos o de reinserción social.

Además, el proyecto refuerza el régimen penitenciario al incorporar nuevas infracciones, como la posesión no autorizada de dispositivos electrónicos y el intento de acceder a internet sin el control adecuado. Giudici, al ser consultada sobre la iniciativa, afirmó que es imperativo dejar en claro que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares, ya que esto forma parte de las restricciones que conlleva la condena. La diputada subraya que la seguridad y el orden en las cárceles deben ser prioritarios y que el uso de teléfonos móviles representa una amenaza para ambos.

Un aspecto interesante de esta discusión es el análisis de los antecedentes legales en la materia. Hasta 2019, existía un enfoque restrictivo en cuanto al uso de dispositivos móviles en las cárceles, pero la flexibilización de estas normas durante la pandemia ha abierto la puerta a un aumento en los delitos cometidos desde el interior de los penales. Este cambio de paradigma ha llevado a una creciente presión sobre el sistema legislativo para que establezca un marco normativo más rígido y eficaz que impida la continuidad de este fenómeno delictivo.

La iniciativa de Giudici no solo busca atacar el problema inmediato de las extorsiones, sino que también plantea un desafío mayor: cómo garantizar la seguridad en los recintos penitenciarios sin vulnerar los derechos de los internos. En este sentido, el debate que se avecina en el Congreso será crucial para definir el futuro del régimen penitenciario en Argentina y la manera en que se abordarán los delitos complejos que se generan desde detrás de las rejas.