Este lunes, centenares de productores, comerciantes y artesanos se manifestaron en las calles de La Paz con banderas blancas, expresando su rechazo a los bloqueos que han mantenido diversos sectores desde principios de mayo. Estas acciones de protesta, impulsadas por grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, han causado estragos en la economía local, resultando en pérdidas millonarias, cierres de negocios y despidos masivos. La situación se ha vuelto insostenible para muchos, ya que el clima de inestabilidad afecta directamente a la población más vulnerable.

La marcha recorrió varias áreas comerciales y culminó en el centro histórico de la ciudad, donde se encuentran las sedes del Gobierno y el Legislativo. Con el lema "No al bloqueo y sí al trabajo", los manifestantes buscaron visibilizar su situación y pedir soluciones inmediatas. Edwin Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), hizo un llamado a los sectores en conflicto para que cesen las medidas de fuerza, argumentando que el 90% de la población trabajadora depende de emprendimientos informales que se ven severamente afectados por los bloqueos.

Desde que comenzaron las protestas el 6 de mayo, las pequeñas empresas en La Paz y El Alto se han visto obligadas a despedir a numerosos empleados debido a la falta de insumos y a las pérdidas económicas que superan lo que se podría imaginar. Según estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), las pérdidas totales para la economía boliviana podrían alcanzar los 2.340 millones de dólares. Por su parte, los comerciantes minoristas calculan que el daño económico asciende a 1.200 millones de dólares, lo que subraya la magnitud de la crisis generada por las protestas.

Marcelo Fernández, un productor de El Alto, expresó su frustración al afirmar que el sector productivo se prepara para desbloquear las vías si las protestas continúan, acusando a ciertos grupos sindicales de perjudicar al país. La situación se ha vuelto crítica, ya que los bloqueos han llevado a un desabastecimiento generalizado y a un aumento en los precios de alimentos, así como a la escasez de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, recursos vitales para la atención en hospitales.

Las manifestaciones están siendo lideradas por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales, quienes demandan la renuncia de Paz y se niegan a entablar un diálogo. Estos sectores, sobre todo los campesinos, acusan al actual presidente de ignorar sus necesidades y de excluirlos de las decisiones políticas, a pesar de que sostienen que fueron clave para su victoria en las elecciones de 2025.

El Gobierno ha lanzado acusaciones hacia Morales, sugiriendo que está financiando las protestas con recursos provenientes del narcotráfico. En este contexto, se instó a los líderes de las organizaciones sociales a no dejarse manipular por el ex mandatario. Este lunes, Paz firmó una ley que regula los estados de excepción, aunque su implementación requiere de un decreto adicional que aún debe ser aprobado por el Legislativo.

Con siete meses en el poder, el presidente Paz reiteró su disposición a dialogar con los sectores movilizados. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y ha dejado un saldo trágico de al menos diez fallecidos, entre ellos siete personas que no recibieron atención médica a tiempo debido a los bloqueos, y otras tres que murieron en el marco de las protestas, cuyas circunstancias aún están siendo investigadas.