La reciente declaración de emergencia agropecuaria en Uruguay, solicitada desde principios de año, ha generado opiniones encontradas entre los sectores productivos. Aunque el gobierno de Yamandú Orsi finalmente tomó esta decisión, lo hizo con un retraso de aproximadamente un mes y medio, según los reclamos de los agricultores. La medida permite activar mecanismos que facilitan la compra pública de raciones sin necesidad de atravesar procesos burocráticos, algo que muchos consideran crucial en este momento de crisis.

Los productores destacan la importancia de la medida, aunque critican su tardanza. Desde la oposición, se ha cuestionado la respuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) frente a la situación de sequía que afecta a varios departamentos del país, incluidos Canelones, Maldonado y Montevideo, así como partes de Durazno, Flores y otros. La falta de lluvias ha llevado a un monitoreo constante de la situación hídrica, con la posibilidad de incluir nuevas áreas en la emergencia si los datos técnicos lo recomiendan.

Gustavo Garibotto, director de Recursos Naturales del MGAP, explicó que la decisión de declarar la emergencia se basó en datos objetivos, señalando que 12 de los 13 departamentos al sur del Río Negro presentan déficit hídrico. Sin embargo, algunos aún no requieren de la medida. A pesar de que las acciones del ministerio están enfocadas en apoyar a los pequeños productores, la Federación Rural del Uruguay ha señalado que las precipitaciones siguen siendo insuficientes y que las medidas actuales son solo un alivio temporal, insistiendo en la necesidad de una respuesta más contundente ante una situación que ya está causando grandes daños en cultivos como el maíz.