La Justicia boliviana ha decidido imponer tres meses de prisión preventiva a Gabriela Delgadillo, quien se desempeñó como gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La medida fue dictada luego de que la Fiscalía la acusara de usurpación de funciones y conducta antieconómica, argumentando que Delgadillo ejerció atribuciones que no le correspondían al firmar documentos como vicepresidenta de la empresa estatal.

Durante la audiencia cautelar, el fiscal Daniel Ortuño expuso que los elementos presentados respaldan la acusación de usurpación de funciones. Además, mencionó que otro funcionario también se encuentra bajo investigación en el mismo contexto. Por su parte, Delgadillo, al salir de la audiencia, consideró que la decisión de la Justicia responde a motivos políticos y que su actuación en YPFB siempre fue conforme a la normativa vigente.

La defensa de Delgadillo, liderada por su abogado Ariel Góngora, cuestionó tanto la legalidad del proceso como la falta de citación previa para su clienta, quien no tuvo la oportunidad de presentar su declaración informativa antes de ser detenida. Además, Góngora indicó que se está llevando a cabo una apelación respecto a la decisión judicial y que la detención de Delgadillo podría estar relacionada con el caso 'Botrading', que investiga la compra de combustibles a precios inflados, perjudicando a YPFB y beneficiando a extrabajadores de la empresa.