Un reciente informe revela que la independencia del Poder Judicial en México ha sufrido una "erosión sostenida" desde 2018 y hasta 2025, afectada por ataques retóricos y restricciones presupuestarias. La investigación, elaborada por la organización México Evalúa, señala que esta tendencia debilita la capacidad del sistema judicial para garantizar derechos fundamentales, preservar el equilibrio de poderes y sustentar el Estado de derecho en el país. Este análisis pone de relieve la importancia de proteger la autonomía judicial, un elemento esencial para el funcionamiento de cualquier democracia.

El documento titulado "Poder Judicial en México, 2018-2025: lecciones y salvaguardas para proteger su independencia" expone que los ataques al Poder Judicial han sido constantes y sistemáticos. Durante el periodo mencionado, se registraron 2.983 agresiones verbales, lo que equivale a más de un ataque diario. Estas manifestaciones de desprecio hacia el sistema judicial incluyen descalificaciones como "corrupto", "elitista" y "antidemocrático", con un incremento notable en los ataques, que pasaron de ocho en 2018 a 867 en 2024. Esta escalada de deslegitimación se produce en un clima de polarización social, donde las narrativas del Poder Ejecutivo se han establecido en un contexto de desconfianza hacia las instituciones.

Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, subrayó que la independencia judicial no debe considerarse un privilegio, sino un bien público fundamental. En este sentido, enfatizó la necesidad de fomentar un debate en torno a la propuesta de posponer las elecciones judiciales hasta 2028, con el fin de asegurar que los candidatos seleccionados cuenten con las cualidades adecuadas para el cargo. La discusión sobre el futuro del sistema judicial se vuelve crucial en un momento en que su autonomía se encuentra amenazada por la retórica oficial y la falta de recursos.

Por otro lado, el informe también destaca cómo los recortes presupuestarios han limitado la operatividad del Poder Judicial. La investigación revela que, aunque la productividad de los tribunales ha aumentado notablemente, con el número de casos resueltos por cada 1.000 funcionarios casi duplicándose entre 2020 y 2023, esto no ha sido resultado de un fortalecimiento institucional, sino de una intensificación del trabajo ante la falta de recursos. En años clave, como 2024 y 2025, los recortes presupuestales han alcanzado hasta el 17%, lo que ha repercutido en la infraestructura, la tecnología y el personal disponible para el sistema judicial.

En un panel posterior a la presentación del informe, el exmagistrado del Supremo, Javier Laynez, advirtió sobre los peligros que la reforma judicial ya está generando en la práctica. La subordinación política de los jueces y la pérdida de su independencia son riesgos que se han comenzado a materializar, lo que podría tener consecuencias graves para el sistema de justicia en el país. Por su parte, Janine Otálora, exmagistrada electoral, hizo hincapié en que la legitimidad del sistema judicial no se fortalece a través del voto popular, sino que proviene de la capacitación y de la calidad en la impartición de justicia.

Este panorama plantea un desafío urgente no solo para el Poder Judicial, sino para la sociedad en su conjunto, que debe evaluar cómo los cambios en el ámbito judicial pueden afectar sus derechos y libertades. La erosión de la independencia judicial no solo compromete la justicia en el presente, sino que sienta un precedente peligroso para las futuras generaciones. En consecuencia, es fundamental que se inicie un debate serio sobre la necesidad de salvaguardar la autonomía del Poder Judicial y garantizar que su función como garante de derechos no se vea comprometida.

La situación actual del Poder Judicial en México es un recordatorio de que la protección de la justicia y la defensa de los derechos humanos son responsabilidades compartidas. La sociedad civil, las instituciones y los líderes políticos deben trabajar juntos para contrarrestar la tendencia de erosión y buscar soluciones que fortalezcan la independencia del sistema judicial. Solo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y asegurar un Estado de derecho que beneficie a todos los ciudadanos.