El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se mostró alarmado por la situación actual en el Puerto de Montevideo, calificando el conflicto laboral como "complejo" y motivo de gran inquietud para su gobierno. En su reciente declaración, Orsi enfatizó la necesidad de continuar trabajando en busca de una solución que permita resolver las tensiones existentes entre la empresa que gestiona la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, que ha intensificado sus reclamos en el marco de un estancamiento en las negociaciones laborales.
La raíz del conflicto se encuentra en la discusión por la renovación de un convenio colectivo que afecta a unos 550 trabajadores de la terminal, donde la empresa está controlada en un 80 % por el operador logístico belga Katoen Natie y el restante 20 % por la Administración Nacional de Puertos. El acuerdo anterior ya ha caducado, lo que ha llevado a la urgencia de establecer un nuevo marco que regule las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, las negociaciones han fracasado en varias ocasiones, lo que ha generado un clima de tensión y descontento entre las partes involucradas.
Durante su intervención, Orsi reveló que ha mantenido conversaciones con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, así como con representantes del PIT-CNT, la central sindical uruguaya, para abordar la crisis. "Es un tema complejo", reiteró el presidente, al señalar que el conflicto involucra no solo a los trabajadores, sino también a las empresas y los concesionarios, lo que complica aún más la búsqueda de una solución consensuada. El mandatario expresó su creciente preocupación por la situación y la necesidad de que se tomen medidas efectivas para evitar que la disputa laboral se prolongue.
Por su parte, Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, explicó que el sindicato ha exigido condiciones que complican aún más el diálogo. Entre sus demandas, los representantes de los trabajadores han solicitado la garantía de 25 jornales mensuales o, en su defecto, un pago de 50.000 pesos uruguayos (aproximadamente 1.200 dólares) a cada empleado mientras se continúan las negociaciones. La empresa ha calificado estas exigencias como una "coerción" inaceptable, advirtiendo que las interrupciones en el servicio y los paros han resultado en pérdidas significativas debido a la desvío de buques hacia otros puertos.
Mientras tanto, las organizaciones empresariales han hecho un llamado urgente al gobierno para que tome medidas frente a esta situación que, según afirman, mantiene "en jaque" al comercio exterior del país. A través de un comunicado, los gremios expresaron su preocupación por el aumento de las interrupciones operativas, que en 2025 alcanzaron más de treinta días, y en lo que va del año ya suman 25. En este contexto, plantearon un interrogante crítico: "¿Hasta cuándo se permitirá que conflictos particulares afecten el comercio exterior y, como consecuencia, la economía del país?"
El mensaje de los empresarios es claro: la continuidad de este conflicto laboral no solo genera sobrecostos, sino que también agrava los problemas de conectividad, afectando la competitividad de las empresas y el costo de vida de la población uruguaya. Esta situación podría tener repercusiones a largo plazo, tanto en el ámbito económico como en la estabilidad social, si no se toman medidas concretas para resolver el conflicto de manera efectiva y rápida.
