La Barra Mexicana de Abogados (BMA) ha manifestado su preocupación ante la reciente propuesta de reforma constitucional que busca postergar las elecciones judiciales en México hasta el año 2028. Esta iniciativa, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado debates en torno a su viabilidad y efectividad en la resolución de problemas estructurales dentro del sistema judicial mexicano. La BMA considera que dicho aplazamiento no aborda las falencias fundamentales que enfrenta la justicia en el país, lo que podría generar una mayor incertidumbre en la institucionalidad judicial.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la BMA reconoció la necesidad de posponer la segunda elección judicial en la historia del país, pero enfatizó que esta medida debe ir acompañada por políticas públicas que garanticen la selección de candidatos con la adecuada preparación y experiencia. La asociación sostiene que la reforma actual no aborda los problemas de fondo que afectan al sistema judicial, ya que no promueve un sistema de carrera basado en el mérito, los exámenes, la experiencia y la especialización. Esto podría llevar a la implementación de un modelo que prioriza factores ajenos a la capacidad técnica de los aspirantes a magistrados.

La BMA advirtió que debilitar los estándares técnicos para la integración del Poder Judicial puede comprometer la calidad y la eficacia de las resoluciones judiciales. En su opinión, la impartición de justicia no debe ser vista como un ejercicio de representación política, sino como una función que requiere un alto grado de profesionalismo y competencia técnica. De lo contrario, se corre el riesgo de que la percepción de imparcialidad y profesionalización de los magistrados electos se vea seriamente afectada, lo que podría erosionar la confianza del público en el sistema judicial.

El aplazamiento de la elección judicial, que se plantea en la reforma de Sheinbaum, se enmarca en un contexto en el que el Poder Judicial mexicano ya ha pasado por un proceso electoral inédito en 2025, el primero desde la reforma judicial implementada durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En esa ocasión, se convocó a casi cien millones de ciudadanos a participar, pero la baja concurrencia, con solo un 13% de participación, ha sido un punto de crítica recurrente. Esto refleja una falta de interés o confianza en un sistema que se presenta como democrático, pero que ha sido cuestionado por diversos organismos internacionales y por la sociedad civil.

La BMA ha enfatizado que las elecciones judiciales, lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, podrían socavar los principios del Estado de derecho. La crítica se centra en que este tipo de procesos electorales pueden ser manipulados y utilizados con fines políticos, lo que va en detrimento de la autonomía que debe regir en el ámbito judicial. En lugar de democratizar el sistema, estas elecciones podrían abrir la puerta a una mayor politización de la justicia, algo que preocupa profundamente a los expertos y a los defensores de los derechos humanos en el país.

Por lo tanto, la comunidad jurídica mexicana se encuentra en un momento de reflexión sobre el futuro del sistema judicial. La BMA ha hecho un llamado a los legisladores para que reconsideren la reforma y trabajen en una solución que verdaderamente atienda los problemas estructurales que enfrentan los tribunales. La necesidad de una justicia imparcial y profesional es más urgente que nunca, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones se encuentra en niveles críticos. Las decisiones que se tomen en este periodo serán determinantes no solo para la independencia judicial, sino también para la salud democrática del país.