La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa por la dana, recurrió ante la Audiencia de Valencia para solicitar que se requiera a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, una copia de todas las comunicaciones vinculadas con la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024.

El pedido abarca los intercambios que Bernabé haya mantenido con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y con cualquier otro responsable de una administración, organismo o institución pública. En particular, Pradas reclama aquellas comunicaciones referidas a la evolución de la situación en el Barranco del Poyo, sin importar el medio o canal telemático utilizado.

La solicitud fue presentada en un recurso contra la decisión de la jueza de Catarroja que instruye la causa, quien rechazó ese requerimiento mediante dos autos fechados en julio y septiembre. La defensa de Pradas sostiene que la documentación resulta necesaria para esclarecer los hechos investigados.

En el escrito, la exconsellera afirma que Bernabé era integrante y codirectora del Cecopi —el organismo de coordinación de la emergencia— y que, por esa razón, la información que recibió, o que eventualmente no recibió, sobre la evolución de la situación el 29 de octubre tiene una importancia evidente para la investigación.

Pradas también cuestiona el argumento de la instructora según el cual Bernabé ya declaró como testigo y la solicitud no fue planteada por su defensa en ese momento. La exconsellera sostiene que esa circunstancia no impide requerir ahora las comunicaciones relacionadas con la gestión de la emergencia.