De acuerdo acompanado de lo expresado por el exfiscal supremo, ratifico que supremo Víctor Rodríguez Monteza se presentó delante de el Pleno del Tribunal Constitucional en compania de miras a asegurar que, segun trascendio en las ultimas horas.

“Acá vengo por una justicia, quizás más allá de los hechos, por una justicia del debido proceso y que esto es que no se ha respetado el plazo de la caducidad”, indicó.

“Todos son conjeturas, afirmaciones de terceros, de gente que ni me conoce, pero afirma tal o cual cosa, de gente que en declaración secreta dijo una cosa, pero en declaración pública y frente a abogados cambió la versión. Sin embargo, toda versión que pueda ser favorable a mi total inocencia no fue valorada y solo se tomaron estas conjeturas que vienen de indicios presuntivos, que en realidad son falacias mal construidas”, alegó.

De manera complementaria, “El 24 de noviembre presento un escrito pidiendo la caducidad del procedimiento disciplinario. Como parte de este proceso, el 24 de noviembre (de 2021) se reúnen el pleno de urgencia y votan la destitución. En linea con lo anterior, la resolución sale con fecha 24 de noviembre de 2021, pero la firma de los miembros de la Junta tiene 25 de noviembre de 2021. Bajo estas circunstancias, el 25 de noviembre me notifican la destitución”, dijo.

En la exigencia de amparo en compania de la que busca anular su sanción, no aboga por su inocencia sobre los hechos que se le atribuyen, sino alega que la JNJ tomó la decisión cuando el plazo del mecanismo disciplinario había prescrito.

Al analizar la cuestion, la controversia radica en que la JNJ toma como fecha de inicio del proceso disciplinario el 25 de noviembre de 2020 cuando envió la notificación por casilla electrónica,. En ese contexto, rodríguez Monteza el 23 de noviembre, día en que recibió la notificación en su domicilio procesal.

Aunque nunca abogó por su inocencia respecto a los cargos que se le imputaron en el proceso disciplinario, Víctor Ródriguez Monteza afirma que el procedimiento se inició “sin ningún supuesto de hecho que lo justifique solo con conjeturas y afirmaciones”.

“Ninguna injusticia puede sostenerse por mucho tiempo y llega el momento en que las cosas salen a la luz y los derechos tienen que reponerse y restituirse cuando son afrentados, como en el caso personal. Quiero decir que he sido injustamente destituido después de una trayectoria como fiscal adjunto supremo primero y y supremo titular después, donde no he tenido ninguna observación de mi conducta en toda mi trayectoria”, inició así su intervención Rodrígez Monteza.

Como se recuerda, el exfiscal supremo fue expulsado del Ministerio Público por presuntamente haber alertado a la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto que sus llamadas telefónicas venían siendo intervenidas en tiempo real.

En el procedimiento disciplinario, quedó acreditada la existencia de contactos directos en el seno de Rodríguez Monteza y otros integrantes de la red. En este entorno, una grabación telefónica demuestra que coordinó con César Hinostroza una postulación conjunta a la Academia de la Magistratura. Tambien, participó en una cumbre en la que se celebraba la elección de Orlando Velásquez Benites como presidente del CNM, junto a Tomás Gálvez, Edwin Oviedo, Antonio Camayo y José Luis Castillo Alva.

Es importante senalar que la indagación reveló que dos días mas tarde de entender en relacion con las interceptaciones, el exjuez Walter Ríos y el exasesor del CNM, Miguel Torres Reyna, se reunieron con César Hinostroza. Al evaluar la cuestion, en aquel sitio, Torres le comunicó a Ríos que estaban siendo interceptados, información que, de consenso con la investigación, habría provenido de Rodríguez Monteza vía José de la Rosa Rodríguez, hermano de Duberlí Rodríguez.

El expediente a su vez da cuenta de que Rodríguez Monteza pidió de forma irregular a IDL y Panorama los audios de las escuchas, llegando incluso a exigir la revelación de sus fuentes. Frente a este perspectiva, el individual Rodríguez Monteza reconoció cara a la Fiscalía este accionar, lo calificó como “un error” y admitió haber amenazado con señalar a periodistas si no entregaban los materiales. En ese contexto, su entonces adjunto, Jaime Velarde, le manifestó que los medios tienen derecho al secreto profesional respecto del origen de sus informaciones.