La situacion en torno a Politica: Más denuncias frente a Pablo Quirno tomo un novedoso giro cuando Una nueva denuncia conoció este miércoles frente a el canciller Pablo Quirno, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y.
En el escrito se solicitó, entre otras medidas, que se requiera el expediente administrativo exhaustivo, informes al sistema COMPR.AR, intervención de la Oficina Anticorrupción y de la Sindicatura General de la Nación, así como información fiscal y bancaria vinculada a la union adjudicataria.
Al analizar la cuestion, “La gravedad institucional de los hechos denunciados se ve incrementada por el monto involucrado y por la jerarquía de los funcionarios implicados. Resulta pertinente destacar que ello compromete seriamente la confianza pública en la administración estatal”, concluye la presentación.
La conducta atribuida al titular de Relaciones Exteriores “configura prima facie un abuso de autoridad”, sostiene el denunciante, al contemplar que se llevó adelante “un acto administrativo contrario a los deberes impuestos por la normativa vigente”.
Cabe recordar que “La contratación no fue precedida por explicaciones suficientes que justificaran la elección de la entidad adjudicataria frente a otras alternativas existentes en el mercado”, sostiene la denuncia. Resulta pertinente destacar que a su vez, agrega que la capacitación en idioma inglés “constituye un servicio ampliamente ofrecido por múltiples proveedores idóneos”.
De manera complementaria, con miras a el denunciante, ese monto imponía “un especial deber de legalidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses”, deber que —sostiene— no fue cumplido.
En este ambito, en relacion con Rouillet, la denuncia afirma que “aceptó y ejecutó una contratación estatal en un contexto de incompatibilidad evidente” y que su rol “excede el de una beneficiaria pasiva”.
En ese contexto, “No resulta exigible, a los fines típicos, la prueba de una orden expresa o de una firma directa del ministro en el acto administrativo”, se señala.
En este ambito, en la vispera se presentó otra denuncia penal interpuesta por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación RESET Republicano.
La presentación fue realizada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, de la agrupación Arco Social cara a la Justicia Federal y apunta a una contratación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con miras a la provisión de cursos de capacitación en idioma inglés destinados al personal de la cartera.
Tal como informo consta en la denuncia, el procedimiento de contratación culminó con la adjudicación a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad cuya Dirección Ejecutiva está a cargo de Rouillet, esposa del ministro Sturzenegger.
Cabe recordar que fue la primera que se sorteó hoy en los tribunales de Comodoro Py, y quedó radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos.
El contrato —formalizado a traves de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE— implicó, de convenio al escrito, “la asignación de una suma millonaria de fondos públicos, superior a los cien millones de pesos”.
En cuanto a Quirno, el escrito remarca que, como Canciller, tenía “la máxima responsabilidad política y administrativa sobre los actos celebrados” por la cartera. Y agrega: “Pese a ello, el Canciller formalizó la contratación con una entidad dirigida por la esposa de un ministro del mismo Poder Ejecutivo, sin disponer controles adicionales ni mecanismos de prevención del conflicto de intereses”.
En esa misma linea, tambien, el denunciante pidió que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a Quirno, Sturzenegger y Rouillet.
En este contexto, a juicio de el escrito, su intervención habría sido necesaria para la consumación del presunto delito de negociaciones incompatibles.
En esa misma linea, respecto de Sturzenegger, la denuncia sostiene que, aun cuando no hubiera firmado el acto administrativo, la figura penal se configura si existió una influencia funcional o estrategia.
El planteo encuadra los hechos en los artículos 265 y 248 del Código Penal, que reprimen las negociaciones incompatibles con la función pública y el abuso de funcionario, respectivamente, además de señalar una posible infracción a la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
“La existencia del vínculo conyugal entre el ministro y la Directora Ejecutiva de la entidad adjudicataria constituía un supuesto típico de conflicto de intereses que exigía la adopción de medidas concretas de abstención, excusación y control reforzado. Al analizar la cuestion, sin embargo, tales medidas no fueron adoptadas”, afirma la presentación.
El denunciante subraya que, de la mano de miras a la configuración del delito previsto en el artículo 265, no se requiere que exista un perjuicio monetario preciso para el Estado, sino la existencia de un interés incompatible que afecte la imparcialidad de la función pública.
Cabe recordar que acompanado de todo la primera sorteada fue la de Arco Social, por lo que se estima que ambas se fusionarán en el juzgado a cargo de Ramos.
