En el marco de un clima electoral tenso y problemático, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú ha calificado el actual proceso electoral como "de suma complejidad". Esta afirmación surge en un contexto marcado por la controversia y la incertidumbre, donde la institución ha instado tanto a los organismos competentes como a la ciudadanía a esperar el desenlace de los comicios con calma y respeto a la institucionalidad democrática.
La ONPE emitió un comunicado en el que se posiciona tras la denuncia penal presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra su titular, Piero Corvetto, y otros tres funcionarios, por las dificultades en la distribución del material electoral en Lima durante la jornada de votación del pasado domingo. Este desajuste en la logística electoral ha suscitado un fuerte cuestionamiento hacia la capacidad de la ONPE para llevar a cabo un proceso que, según sus propias palabras, debía ser transparente y eficiente.
A pesar de que la ONPE comunicó que el 99,8% de las mesas de sufragio estaban instaladas, reconoció que la tardanza en la entrega del material en algunos colegios del sur de Lima impactó negativamente en el derecho al sufragio de muchos votantes. Consciente de la gravedad de la situación, la entidad ofreció disculpas a los ciudadanos y solicitó la extensión del horario de votación en los recintos afectados, una propuesta que fue finalmente aceptada por el JNE.
Sin embargo, la complejidad del proceso no se limita a los problemas logísticos. La ONPE ha observado un incremento en las denuncias y solicitudes de investigación relacionadas con su gestión, lo que ha llevado a la institución a trabajar simultáneamente en la elaboración de resultados y en la atención de los reclamos. Este escenario ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar la transparencia y la legitimidad de los resultados en un contexto donde la confianza en las instituciones está comprometida.
La denuncia del JNE a los altos funcionarios de la ONPE se fundamenta en la supuesta comisión de delitos que afectan el derecho al sufragio, lo que incluye demoras y obstáculos en el desarrollo normal de la jornada electoral. Estos incidentes han tenido repercusiones directas, ya que se reportó que en algunos locales los votantes debieron esperar hasta cinco horas para poder ejercer su derecho, y los comicios fueron suspendidos en 13 colegios del sur de Lima, afectando a más de 52.000 ciudadanos. Estas situaciones han generado un clima de descontento y protestas en diversos sectores de la sociedad.
A raíz de estos inconvenientes, el JNE tomó la trascendental decisión de reprogramar las elecciones en los lugares donde se habían suspendido, permitiendo que los votantes pudieran ejercer su derecho en un nuevo horario. Este tipo de decisiones son inusuales en el marco electoral peruano y reflejan la seriedad de la crisis que enfrenta el sistema electoral del país.
Con más de 27,3 millones de ciudadanos convocados para elegir a sus representantes para el periodo 2026-2031, la situación se vuelve aún más crítica. En los últimos diez años, Perú ha visto pasar por su presidencia a ocho líderes, en un ciclo de crisis que ha erosionado la confianza pública en las instituciones. Mientras se avanza en el conteo de votos, que hasta el momento alcanza un 65% de las urnas, la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, se posiciona en primer lugar con un 16,9% de los votos, seguida por el ultranacionalista Rafael López.
