La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú ha completado el procesamiento de todas las actas electorales pendientes, alcanzando un 100 % de las mismas. Sin embargo, el escenario continúa siendo incierto debido a que quedan por resolver 1.550 actas que han sido objeto de impugnaciones o que presentan observaciones. Esta situación ha puesto de manifiesto un empate técnico entre los dos candidatos a la presidencia: la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Según los últimos datos, con el 98,32 % del escrutinio, Fujimori lidera con un 50,012 % de los votos frente al 49,988 % de Sánchez, marcando una diferencia de apenas 4.310 sufragios.
Fujimori, quien es hija del exmandatario Alberto Fujimori, ha obtenido un total de 9.043.384 votos, destacándose especialmente en Lima y en zonas costeras, así como en el extranjero. Por su parte, Sánchez, quien se presenta en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo, ha conseguido 9.039.074 votos, con un fuerte respaldo en las regiones del centro y sur del país andino. Esta polarización en los resultados electorales refleja la división política que persiste en Perú, donde las diferencias ideológicas entre los dos candidatos son marcadas.
La ONPE finalizó el procesamiento de las últimas nueve actas pendientes, provenientes de un distrito de la región amazónica de Loreto, fronterizo con Brasil. A partir de ahora, el foco se desplaza hacia los Jurados Especiales Electorales (JEE), quienes tienen la responsabilidad de revisar las 1.556 actas que han sido cuestionadas. Este proceso puede ser extenso, ya que implica examinar cada acta y, en algunos casos, realizar un recuento voto a voto, lo que podría extender la conclusión del escrutinio varios días más.
En este contexto, Sánchez ha propuesto a Fujimori solicitar a las autoridades electorales una revisión exhaustiva del proceso electoral, especialmente en aquellas áreas donde ha surgido la sospecha de falta de transparencia. Durante una conferencia de prensa, el candidato de Juntos por el Perú destacó la importancia de asegurar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral, independientemente de quién resulte ser el ganador. Esta propuesta se da en medio de acusaciones mutuas sobre irregularidades en la votación, donde Juntos por el Perú ha pedido la anulación de mesas en Lima y en el exterior.
En respuesta a esta propuesta, el candidato a vicepresidente por Fuerza Popular, Luis Galarreta, ha desestimado la solicitud, afirmando que su partido respetará el marco legal vigente y esperará con calma la finalización del escrutinio. Galarreta enfatizó que la democracia no puede ser manipulada a voluntad y que cualquier reconteo debe llevarse a cabo siguiendo los procedimientos establecidos. Además, señaló que los jurados electorales ya están trabajando en el recuento de las actas que han sido observadas por posibles irregularidades.
Esta situación refleja no solo la tensión política entre los dos candidatos, sino también un llamado a la ciudadanía para que confíe en las instituciones electorales del país. A medida que avanza el proceso, será crucial cómo se gestionen las impugnaciones y las observaciones, ya que esto determinará no solo el resultado de la elección, sino también la estabilidad política a corto y mediano plazo en Perú. La resolución de este conflicto electoral tiene el potencial de marcar un hito en la historia reciente del país, donde la polarización ha sido una constante en los últimos años.



