En una movida política significativa, las agrupaciones Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Compromís han presentado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. Este documento busca instar al Gobierno español a llevar a cabo una reforma legislativa que permita la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica del país. La propuesta surge en un contexto donde la gestión de la energía y su acceso se han convertido en temas de gran relevancia, especialmente en el marco de la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y la lucha contra el cambio climático.

Los partidos de la coalición de izquierda argumentan que la actual gestión de la distribución eléctrica en España se lleva a cabo bajo un régimen de autorización administrativa, en lugar de uno de concesión. Esto significa que los operadores privados que manejan las redes no están sujetos a un marco regulador que les imponga plazos fijos, condiciones de reversión o requisitos de inversión territorial. Además, critican la falta de mecanismos de gobernanza que permitan un control efectivo por parte de las administraciones públicas, lo que podría derivar en una gestión ineficaz e ineficiente de un servicio esencial para la ciudadanía.

La denuncia de estas agrupaciones se centra en que los operadores privados se benefician de infraestructuras que, en gran parte, fueron construidas con fondos públicos y que se financian mediante tarifas reguladas que abonan todos los consumidores. Sin embargo, argumentan que estos operadores no cumplen con las responsabilidades que la ley administrativa establece para aquellos que gestionan bienes o servicios de titularidad colectiva. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la equidad y la sostenibilidad de la gestión eléctrica en el país.

Un aspecto clave de la propuesta es la identificación de una brecha significativa entre las redes de distribución y las de transporte. A diferencia de la red de transporte, cuya planificación es aprobada por el Gobierno y tiene carácter vinculante, la planificación de las redes de distribución es llevada a cabo por las propias empresas distribuidoras. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solo aprueba los planes de inversión en términos de retribución, sin considerar las prioridades que deberían guiar el desarrollo de la red.

Los partidos proponentes advierten que esta falta de planificación integral tiene consecuencias tangibles y cuantificables. Un dato alarmante que subrayan es que el 83% de los nodos de la red de distribución no cuentan con capacidad suficiente para nuevas conexiones, lo que limita el acceso a la generación distribuida y a la electrificación. Solo el 10% de las solicitudes para nuevas conexiones son aprobadas, lo que afecta directamente a proyectos de energías renovables, industrialización y desarrollo tecnológico, que podrían representar inversiones superiores a 60.000 millones de euros.

Con el objetivo de revertir esta situación, la propuesta presentada en el Congreso busca garantizar que la titularidad de la red de distribución pase a ser pública. Se plantea que esta titularidad abarque tanto la red existente como los futuros desarrollos y ampliaciones de capacidad que se realicen por terceros. Además, se sugiere que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan asumir esta responsabilidad en sus respectivas jurisdicciones, promoviendo así una gestión más descentralizada y adaptada a las necesidades locales.