Desde la medianoche, el transporte público en Argentina se encuentra paralizado debido a un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta medida fue ratificada por los líderes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, y de La Fraternidad, Omar Maturano, quienes confirmaron su adhesión a la huelga a pesar de la amenaza del Gobierno de retirar la personería jurídica a ambos sindicatos.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y los gremios del transporte ha escalado en las últimas horas. Desde la Casa Rosada, se emitió una intimación formal hacia la UTA y La Fraternidad, instándolos a no llevar a cabo ninguna medida que paralice el servicio. El aviso oficial señalaba que, de incumplir con esta directiva, los sindicatos podrían enfrentar la pérdida de su personería gremial, un aspecto fundamental para su funcionamiento y representación.

A pesar de las advertencias, Fernández y Maturano reafirmaron su decisión de participar en el paro, argumentando que están legalmente protegidos al actuar en sintonía con la CGT. Este paro se enmarca en un clima de creciente descontento social, especialmente en respuesta a la reforma laboral propuesta por el Gobierno. La decisión afecta a millones de usuarios, ya que se estima que más de 9 millones de personas dependen diariamente de trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.