En un contexto de creciente incertidumbre, al menos 31 universidades públicas de Argentina han decidido sumarse a un paro nacional, lo que impedirá que miles de estudiantes comiencen el primer cuatrimestre en tiempo y forma. La causa de esta movilización radica en la falta de implementación de la ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada, luego vetada y finalmente revertida por las dos cámaras legislativas en 2025, pero aún no ha sido aplicada a pesar de un fallo judicial que la respalda.

Frente a esta situación, el Gobierno ha optado por presentar un proyecto alternativo, con el objetivo de lograr su aprobación en un Congreso que se espera más favorable. Desde el oficialismo informaron que durante el mes pasado se llevaron a cabo varias reuniones con las autoridades universitarias para discutir aspectos relevantes sobre la nueva ley. En una de estas reuniones, que tuvo lugar el 5 de febrero, participaron figuras clave como Carlos Torrendell, secretario de Educación, y otros representantes de importantes instituciones académicas.

Sin embargo, el clima de optimismo que surgió tras estos encuentros parece haberse desvanecido, ya que muchos rectores expresan dudas sobre la viabilidad de un acuerdo. Según explicaron fuentes del sector que impulsó la ley, existe una falta de unidad entre los directivos universitarios, lo que contrasta con la postura unánime de los gremios que convocan al paro. A pesar de que el proyecto de ley fue presentado durante el período extraordinario en el Congreso, aún no se ha constituido la Comisión de Educación en ninguna de las dos cámaras, generando un panorama incierto para el futuro del financiamiento universitario.

El proyecto que fue aprobado en septiembre preveía un gasto equivalente al 0,23% del PBI, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a realizar una recomposición presupuestaria que permita cubrir los gastos operativos de las universidades y asegurar el aumento salarial del personal docente y no docente. Sin embargo, desde octubre de 2024, los incrementos salariales acordados han sido implementados mediante decretos, lo que ha generado desconfianza en el sector.

En este contexto, el Congreso se enfrenta a la posibilidad de votar nuevamente un proyecto crucial para el ámbito universitario tras un largo periodo de tensiones.