En un nuevo desarrollo en torno a la concesión de los medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un conjunto de organizaciones sociales y legales ha presentado un recurso de amparo ante el sistema judicial porteño. El objetivo de esta acción es frenar la licitación de dos emisoras de radio y el Canal de la Ciudad, en un proceso que, según los demandantes, no cumple con las normativas constitucionales vigentes. Este conflicto se produce en un contexto de creciente preocupación por el futuro de los medios estatales y la posibilidad de que sean privatizados, algo que ha generado un intenso debate en la comunidad y entre los profesionales del sector.

La demanda es liderada por el abogado Jonathan Baldivieso, quien es presidente de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). Juntos, buscan que se declare la nulidad de la resolución emitida por el Gobierno de la Ciudad que habilitó el proceso de licitación, así como también de los pliegos que rigen dicha licitación, argumentando que la acción es inconstitucional y viola derechos fundamentales establecidos en la Constitución local.

El Gobierno porteño, bajo la gestión de Jorge Macri, había anunciado en marzo la resolución 7/26, que da inicio a la concesión onerosa de la operación de Radio de la Ciudad (AM 1110), La 2x4 (FM 92.7) y el Canal de la Ciudad, por un periodo de cinco años. A cambio, se espera que el nuevo concesionario pague un canon que se aproxima a los $718.965.000. A pesar de que la apertura de las ofertas estaba programada para el 20 de abril, se decidió postergarla hasta el 12 de mayo, con la intención de ampliar la cantidad de oferentes interesados.

En la presentación judicial, Baldivieso enfatiza la urgencia de la medida solicitada, argumentando que la proximidad de la fecha de apertura de sobres requiere una acción rápida por parte del tribunal. Pide que se suspendan todos los efectos de la resolución oficial y los pliegos licitatorios, así como cualquier acto administrativo relacionado con este proceso. La solicitud se fundamenta en la necesidad de preservar el carácter público y ciudadano de la información, un derecho que, según los demandantes, debe ser garantizado por el Estado.

El escrito también hace referencia a la historia reciente de los medios públicos en la CABA. Baldivieso recuerda que en 2007, durante el inicio de la gestión de Mauricio Macri, se planteó la posibilidad de cerrar el canal oficial, pero esta propuesta fue rechazada debido a un obstáculo legal: el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad, que establece que el Estado debe contar con una señal de radiodifusión. De este modo, se evidencia que la defensa de los medios públicos no es un tema nuevo, sino que ha estado presente en la agenda política y social de la ciudad desde hace años.

La presentación judicial se enmarca en un contexto más amplio, donde la discusión sobre el papel de los medios públicos y su gestión se ha vuelto cada vez más candente. Muchos sectores de la sociedad consideran que la privatización de estos medios podría comprometer su capacidad de informar de manera imparcial y de servir como un espacio para la diversidad de voces. La preocupación es aún mayor en un momento en que la desinformación y la concentración mediática son temas de debate en todo el país.

La próxima audiencia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA será crucial para definir el futuro de estos medios públicos. La resolución de este conflicto no solo determinará quién gestionará los medios, sino que también sentará un precedente sobre la importancia de la información pública en la democracia. Por lo tanto, el desenlace de esta situación será observado con atención por diversos actores sociales y políticos, quienes esperan que se respete el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz y plural.