La situación actual en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se caracteriza por un control exterior ejercido principalmente por Estados Unidos. Este país ha delineado un plan que contempla tres etapas cruciales para la liberación del pueblo venezolano: estabilización, recuperación y transición. En este contexto, Delcy Rodríguez, figura clave del gobierno, está a cargo de desmantelar lo que se ha denominado un ‘narcoestado’. La resistencia civil demanda la liberación de presos políticos y el regreso de los exiliados. Sin embargo, resulta esencial que la oposición, que se perfila como ganadora en las elecciones programadas para el 28 de julio de 2024, inicie una campaña centrada en la promoción de “elecciones libres” y el fortalecimiento de la democracia, que es el objetivo común de la nación.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, Venezuela se encuentra en una situación excepcional, catalogada como un régimen de “tutela”. Este concepto implica una forma de protección y dirección sobre personas e intereses. En la práctica, esto se traduce en la intervención de Estados Unidos, que busca proteger al pueblo venezolano mientras se trabaja en la desarticulación del régimen. La meta es restaurar condiciones democráticas que actualmente están ausentes en el país.

Con la reciente captura de Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo y otros delitos, se abre la puerta a un posible retorno a la normalidad democrática. Esto implica la necesidad de desmantelar las estructuras de delincuencia organizada y poner fin al régimen que, con el apoyo de Cuba, ha generado problemas que afectan no solo a Venezuela, sino también a la seguridad de Estados Unidos. La creciente intervención de grupos criminales y la propagación de noticias falsas son parte de un panorama que exige una acción decidida para restablecer la democracia y la paz en la región. A pesar de los avances logrados, la manipulación por parte del gobierno actual representa un obstáculo significativo que debe ser enfrentado con determinación.