La administración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se encuentra en medio de una compleja investigación tras la orden del coronel mayor Ariel Guzmán de iniciar un sumario el pasado 3 de marzo. Esta medida surge con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades administrativas, patrimoniales o penales relacionadas con un contrato de obras que fue modificado y autorizado por Oscar Sagás, quien fuera presidente de la entidad en 2024. Guzmán, ahora al frente de la liquidación y disolución de IOSFA, tiene un plazo de un año para llevar a cabo esta tarea, según lo establecido por el Decreto N.º 88/2026.
La reestructuración de la obra social militar es un proceso fundamental en este contexto, donde los activos, pasivos y afiliados de IOSFA serán transferidos a dos nuevas entidades: OSFA (Fuerzas Armadas) y OSFFESEG (Fuerzas de Seguridad). Esta transición es crucial para asegurar la continuidad de la atención a los afiliados y evitar cualquier interrupción en los servicios que reciben. Sin embargo, el foco de atención se ha centrado en la gestión de administraciones previas, donde ya se han detectado irregularidades que merecen un análisis minucioso.
Uno de los puntos más críticos de la investigación es la modificación de un contrato de obra relacionado con la Residencia Cosquín, un establecimiento turístico ubicado en un entorno natural privilegiado, frente al Río Cosquín y al pie del Cerro Pan de Azúcar. Esta obra fue adjudicada a la empresa Eagle Construcciones en agosto de 2023, durante la gestión de Darío Díaz Pérez, ex intendente de Lanús, quien ocupaba la presidencia de IOSFA. El monto inicial del contrato ascendió a $618.500.000, una cifra ya notable que ha despertado suspicacias en el marco de las irregularidades que se están investigando.
En septiembre de 2023, Eagle Construcciones solicitó una adecuación del monto adjudicado, lo que llevó a la aprobación de un incremento del 35% a cargo del directorio de IOSFA. Este ajuste representó una suma adicional de $151.532.500 sobre el presupuesto original, lo que plantea preguntas sobre la transparencia y la justificación de tales aumentos en los costos. La situación se complica aún más con el ingreso de nuevos administradores en 2024, quienes, a través de la Unidad de Obras e Infraestructura, presentaron un informe donde se mencionan "situaciones no contempladas" en el proyecto original, lo que llevó a solicitar nuevas aprobaciones para los trabajos, tal como estipula el artículo 100 del Manual de Procedimientos.
El ex presidente Sagás, con el respaldo del departamento jurídico de IOSFA, aprobó en julio de 2024 una modificación del contrato que incrementó el costo en un 34,6% adicional al monto original y a la adecuación previa. Esto resultó en un nuevo total de $266.537.837 a favor de Eagle Construcciones, una cifra que ha generado aún más controversia en el marco de la investigación en curso. La implicación de este tipo de decisiones en el contexto de la gestión de los recursos de la obra social militar es un tema que requiere un escrutinio riguroso, dado el impacto que podría tener en el bienestar de los afiliados.
La situación en IOSFA pone de manifiesto una serie de deficiencias en la gestión que deben ser abordadas urgentemente. La responsabilidad recae no solo en los administradores actuales, sino también en aquellos que han pasado por la entidad y cuyos actos están siendo revisados. Es fundamental que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos, especialmente en instituciones que tienen a su cargo la salud y el bienestar de los miembros de las fuerzas armadas y sus familias. La investigación en curso no solo tiene el potencial de esclarecer irregularidades pasadas, sino que también podría sentar un precedente en la gestión futura de IOSFA y otras entidades similares.
