El fiscal federal Franco Picardi y Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, han presentado un pedido para llevar a cabo 29 nuevas indagatorias en el marco de la causa que investiga actos presuntamente corruptos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta investigación se centra en la adquisición irregular de insumos destinados a personas con discapacidad, incluyendo desde sillas de ruedas hasta audífonos, y se sospecha que hubo manipulación en los procesos de licitación y sobreprecios en las contrataciones.
En este nuevo requerimiento, se incluye el nombre de Diego Spagnuolo, quien fuera el director de ANDIS y ya había enfrentado un procesamiento por parte del juez Sebastián Casanello en etapas anteriores del proceso judicial. Además, se ha solicitado la indagatoria de Miguel Ángel Calvete y un grupo de empresarios que se encuentran vinculados a las contrataciones que están bajo la lupa de la justicia. La inclusión de estos nombres refuerza la gravedad de las acusaciones y el alcance de la trama que se investiga.
La investigación pone de manifiesto un contexto alarmante en el que se sospecha que existieron prácticas de colusión entre distintas empresas, así como una deliberada restricción de la competencia en el sector. Se están analizando evidencias de posibles sobornos a funcionarios públicos, lo que ha llevado a los fiscales a indagar si existió una estructura organizada que desvió fondos públicos destinados a la atención y asistencia de personas con discapacidad. Este tipo de prácticas no solo comprometen la integridad del sistema de licitaciones públicas, sino que también afectan directamente a la población que depende de estos insumos.
Además de las indagatorias solicitadas, el fiscal Picardi ha pedido implementar diversas medidas de prueba que permitirán profundizar la investigación sobre otros 20 posibles implicados. Las defensas de los primeros 19 acusados ya han comenzado a elaborar su estrategia ante la Cámara Federal de Buenos Aires con el objetivo de desvirtuar las acusaciones que los vinculan a una asociación ilícita. Este proceso judicial es testigo de un entramado complejo donde las estrategias defensivas son tan importantes como las pruebas presentadas por la fiscalía.
Uno de los aspectos más delicados de la causa es la solicitud de peritaje sobre audios que supuestamente pertenecen a Spagnuolo, en los cuales se mencionan coimas que podrían involucrar a la figura de Karina Milei. Este detalle ha generado un revuelo considerable, ya que la posible implicación de una figura política en un caso de corrupción agrava la situación y puede tener repercusiones políticas significativas. La atención se centra en cómo se desarrollará la investigación y si estas grabaciones pueden ser utilizadas como prueba en el juicio.
En una resolución anterior, el juez Casanello había confirmado la existencia de una asociación ilícita en ANDIS, conformada por exfuncionarios y empresarios que presuntamente habrían manipulado contrataciones públicas y utilizado empresas fachada para sustraer recursos del Estado. Esta revelación puso de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos en la agencia, que debe garantizar la transparencia y correcta utilización de los fondos públicos.
La causa ha cambiado de magistrado, y ahora el juez Ariel Lijo tiene la responsabilidad de decidir si acepta el nuevo pedido de indagatorias. Entre los procesados se encuentra Miguel Ángel Calvete, actualmente detenido por una condena por proxenetismo, y otros directivos de la droguería Suizo Argentina, como los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Durante un allanamiento realizado en agosto de 2025, se hallaron más de 200.000 dólares en efectivo en la casa de Emmanuel, lo que añade más elementos a la investigación y refuerza las sospechas sobre el manejo de fondos en las contrataciones de ANDIS.
