La Amazonía peruana enfrenta una situación alarmante debido a la creciente interrelación entre el narcotráfico y la minería ilegal, actividades que, lejos de operar de manera independiente, han comenzado a colaborar y alimentarse mutuamente. Este fenómeno se expone en un informe reciente que ha sido elaborado por diversas organizaciones ambientales, el cual subraya la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para frenar este avance que amenaza no solo el medio ambiente, sino también la seguridad y los derechos de las comunidades locales.
El informe titulado 'La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en Perú' fue presentado ante la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP) y destaca cómo la minería ilegal y el cultivo de hoja de coca han encontrado un terreno fértil en la Amazonía. Los autores del estudio, entre ellos Ivan Brehaut, advierten que estas actividades ilícitas han dejado de ser fenómenos aislados para convertirse en un complejo sistema interdependiente que altera drásticamente los territorios y afecta profundamente la economía y los derechos humanos en la región.
Esta sinergia entre el narcotráfico y la minería ilegal se traduce en la compartición de recursos y capacidades logísticas. Las organizaciones criminales no solo intercambian armas y rutas de transporte, sino que el capital obtenido por el narcotráfico se utiliza para expandir las operaciones mineras. A su vez, la extracción de oro de manera ilegal facilita el lavado de dinero, creando un ciclo vicioso que fortalece el poder de estos grupos en áreas de escasa presencia del Estado.
El informe también resalta que esta convergencia entre el narcotráfico y la minería ilegal permite a las organizaciones criminales establecer regímenes de gobernanza alternativos en territorios donde la autoridad estatal es débil. Esto ha llevado a una captura institucional en varias regiones, donde las economías locales son controladas por estas agrupaciones, generando un panorama de inseguridad y vulnerabilidad para los habitantes de estas zonas.
Uno de los aspectos más preocupantes que se menciona en el estudio es la falta de coordinación en las acciones de erradicación de cultivos de coca y los operativos de seguridad. Las operaciones para combatir estas actividades ilícitas se realizan desde enfoques dispares y no integrados, lo que limita su efectividad y perpetúa la situación actual. La desarticulación entre las estrategias de erradicación y la lucha contra la minería ilegal resulta en un avance imparable de ambas actividades.
El informe, que incluye la colaboración de Amazon Watch, Aidesep, el Instituto del Bien Común, y otras organizaciones, revela que el 50% de las zonas de cultivo de coca en Perú se encuentran en la Amazonía, con aproximadamente 12.000 hectáreas sembradas en territorios de comunidades indígenas. Sin embargo, expertos como Ricardo Soberón sugieren que la evaluación de estas áreas debe considerar también la influencia de la narcogobernanza, lo que podría elevar la cifra a unos 12 millones de hectáreas afectadas por estas actividades delictivas.
En conclusión, el estudio enfatiza que el reciente auge del narcotráfico y la minería ilegal ha dado lugar a un sistema estructural en el que las economías ilícitas se han fortalecido y territorializado en la Amazonía. Esto ha facilitado la aparición de formas de gobernanza criminal que están desafiando el control estatal y poniendo en riesgo a las comunidades que habitan en estos territorios. Las organizaciones criminales transnacionales, como el Comando Vermello y disidentes de las FARC, están cada vez más activas en estas áreas, lo que agrava aún más la situación y demanda una respuesta integral y coordinada por parte del Estado peruano.
