La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo hincapié en la importancia del decreto conocido como "escudo social", que fue rechazado en el Congreso, y que prevía la asignación de 25.000 millones de euros para diversas ayudas a comunidades autónomas y municipios. Este decreto no solo incluía moratorias para evitar desahucios, sino que también ofrecía protección frente a cortes de servicios básicos para familias en situación de vulnerabilidad y deducciones fiscales para la rehabilitación de viviendas.
Montero defendió la amplitud y urgencia de las medidas propuestas en el decreto, señalando que todas eran necesarias para brindar apoyo a los sectores más afectados. En declaraciones recientes, la ministra describió la disposición del Gobierno para fragmentar el contenido del Real Decreto-ley, con el fin de facilitar la aprobación de aquellos componentes que se consideren más urgentes y necesarios, resaltando que la situación actual requiere una respuesta rápida y efectiva.
La ministra también criticó la actitud del Partido Popular y de Junts, señalando que su rechazo al decreto implicará la privación de recursos fundamentales para los servicios públicos de las administraciones locales. A pesar de las recientes derrotas legislativas, Montero aseguró que el Gobierno seguirá buscando vías de diálogo y colaboración con diferentes fuerzas políticas, instando a priorizar el bienestar común por encima de intereses partidarios.
