En una extensa sesión que se prolongó por más de 12 horas, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, enfrentó un intenso escrutinio en la Asamblea Legislativa, donde logró superar una moción de censura en su contra. A pesar de las intensas críticas y cuestionamientos sobre el proceso de importación de combustibles, la votación no alcanzó los dos tercios necesarios para destituirlo, lo que le permite continuar al frente de su cartera.
La interpelación, que incluyó 15 preguntas centradas en la compra de diésel y gasolina, puso en el centro del debate el precio de estos combustibles, que algunos legisladores consideran "sustancialmente superior" al de contratos previos. Asimismo, se cuestionó la supervisión de los acuerdos establecidos entre la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Trafigura, la cual juega un papel crucial en la logística de importación de fuel. Medinaceli defendió su gestión argumentando que el contrato en cuestión fue firmado bajo la administración anterior, y aseguró que su continuidad se debe a la necesidad de garantizar el abastecimiento y evitar conflictos legales.
El ministro también tomó la iniciativa de deslindar responsabilidades operativas hacia YPFB, subrayando que su gestión se orientará hacia una mayor transparencia. En este sentido, anunció la intención de hacer públicos los contratos de importación, afirmando que "queremos que los contratos estén disponibles, que se puedan dialogar, discutir y analizar de manera abierta". Este anuncio busca calmar las aguas en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y su manejo de los recursos energéticos del país.
Respecto a las acusaciones de sobreprecio en los combustibles, Medinaceli explicó que el aumento en los costos está ligado a las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo, afectado por conflictos geopolíticos que repercuten de manera directa en el mercado energético global. Este argumento, sin embargo, no ha logrado convencer a todos los sectores, ya que muchos legisladores continúan cuestionando la gestión del ministro y la calidad de los combustibles que se están distribuyendo en el país.
La sesión de la Asamblea Legislativa estuvo marcada por momentos de tensión, con legisladores de diversas fuerzas políticas expresando sus preocupaciones y críticas. Finalmente, se requirió el apoyo de al menos dos tercios de los 166 asambleístas para aprobar la censura, pero solo 58 votos se manifestaron a favor, quedando por debajo de los 111 necesarios. Esta falta de consenso dentro de las bancadas evidenció divisiones incluso entre los propios partidos, lo que complicó aún más la situación política en torno a la gestión de Medinaceli.
En un contexto más amplio, el conflicto por la calidad del combustible se remonta a hace más de dos meses, cuando comenzaron a surgir denuncias sobre la mala calidad de la gasolina, que habría ocasionado daños mecánicos en los vehículos. En respuesta a estas quejas, YPFB admitió en febrero que había distribuido combustible contaminado con residuos de goma y manganeso, comprometiéndose a inyectar aditivos especiales para mejorar la calidad del producto. Además, se instituyó un seguro de resarcimiento de daños que, según la estatal petrolera, ha beneficiado a cerca de 3.000 usuarios hasta la fecha.
Recientemente, el Senado boliviano estableció una comisión especial para investigar el proceso de contaminación del combustible, así como el trayecto que sigue desde su importación hasta la distribución en el mercado. Esta comisión tiene un plazo de tres meses para presentar un informe final, lo que podría arrojar luz sobre las deficiencias en el manejo del sector y contribuir a una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.
