Familiares de personas con discapacidad han presentado una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de incumplimiento de deberes en su función pública, abuso de autoridad y abandono de persona. Esta acción legal surge como respuesta a los recortes que se han implementado en las prestaciones de salud y pensiones, además de la supuesta violación de la ley de Emergencia que fue sancionada por el Congreso. La denuncia no solo incluye al mandatario, sino que también apunta al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
La causa fue presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y cuenta con la representación legal del abogado Javier Garín. Este profesional defiende los intereses de un grupo de personas que se han visto seriamente afectadas por el ajuste en el área de discapacidad, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud. Según ellos, el gobierno ha llevado a cabo un ajuste sistemático en el pago de beneficios desde que comenzó la gestión de Milei, ignorando fallos judiciales y promoviendo un discurso que deslegitima a las personas con discapacidad.
En su presentación, el abogado destaca la grave situación que enfrentan miles de familias desde diciembre de 2023, cuando se comenzaron a aplicar recortes presupuestarios significativos en el sector. Estos ajustes han tenido un impacto directo en los recursos destinados a la ex ANDIS, lo que ha derivado en la disminución del valor de las pensiones por invalidez y en la reducción de servicios y programas de salud que son vitales para la contención de estas personas, incluyendo el suministro de medicamentos.
Los denunciantes argumentan que las acciones de Milei están motivadas por una ideología que se asemeja a una forma de supremacismo, sustentada en una supuesta 'superioridad estética' de ciertos grupos sociales. Este enfoque es criticado por su desprecio hacia la justicia social, la igualdad y los derechos fundamentales de las personas, incluidos los adultos mayores y aquellos con discapacidad. Desde el inicio de su presidencia, Milei ha sido acusado de descalificar y desatender a este sector de la población con una severidad alarmante.
La crítica se extiende más allá de las palabras, ya que las políticas implementadas por el presidente han resultado en recortes severos, la suspensión o cancelación de beneficios y pensiones, presuntos actos de corrupción dentro de la ANDIS, el anuncio del cierre de esta agencia y el veto a leyes de emergencia que podrían haber beneficiado a las personas con discapacidad. Además, se señala un patrón de incumplimiento de órdenes judiciales que exigen la aplicación de la legislación vigente en la materia.
Los recortes impulsados por Milei desde el comienzo de su mandato han generado deudas con prestadores de servicios y han complicado el funcionamiento de múltiples programas destinados a la atención de personas con discapacidad. Estas preocupaciones han sido expresadas en reiteradas ocasiones por el Foro Permanente de Discapacidad y diversas organizaciones que han denunciado la falta de políticas inclusivas y la urgencia de un enfoque más humano y equitativo por parte del gobierno. La situación actual plantea un grave desafío para la administración y una creciente necesidad de diálogo y compromiso con sectores vulnerables de la población.
