Bajo el lema "La salud no puede esperar", una amplia coalición de organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y trabajadores del ámbito de la salud se congregará hoy en Buenos Aires para llevar a cabo la Marcha Federal por la Salud. Esta manifestación partirá a la 1 de la tarde desde el Ministerio de Salud de la Nación, ubicado en la intersección de la Avenida 9 de Julio y Moreno, y se dirigirá hacia la emblemática Plaza de Mayo. La movilización busca visibilizar la creciente preocupación por la situación del sistema de salud pública en el país, ante lo que consideran un desfinanciamiento alarmante y recortes en los recursos destinados a este sector vital.

El despliegue de fuerzas de seguridad será notable, con un operativo especial coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Este dispositivo tiene como objetivo regular el tránsito y salvaguardar la seguridad en la Casa Rosada y en los alrededores del Ministerio de Salud, garantizando que la protesta se desarrolle dentro de un marco de orden y respeto.

La convocatoria, organizada por el Foro por el Derecho a la Salud, surge en respuesta a anuncios recientes del gobierno de Javier Milei, que implican un recorte de 63.000 millones de pesos en las partidas destinadas al área sanitaria. Los manifestantes expresan su preocupación por las repercusiones de estos ajustes, que, según afirman, han provocado un deterioro en las prestaciones de salud y un desfinanciamiento general del sistema sanitario. Este contexto de crisis sanitaria ha intensificado el malestar social y la presión sobre los hospitales públicos.

Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, se ha rechazado la interpretación de la protesta como una expresión legítima de descontento. En declaraciones recientes, se ha señalado que detrás de la movilización hay "motivaciones políticas", sugiriendo que algunos actores buscan desestabilizar al gobierno. Además, se destacó que la provincia de Buenos Aires fue la única en no asistir a la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde se acordaron lineamientos conjuntos entre los ministros provinciales y nacionales.

Por su parte, desde el espacio político La Libertad Avanza, se ha señalado que el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, estarían detrás de la organización de la marcha. Se argumenta que funcionarios provinciales han actuado como promotores de la movilización a través de redes sociales, colaborando con sindicatos como ATE y otras organizaciones vinculadas a la salud pública. Este cruce de acusaciones pone de relieve la tensión existente entre el gobierno nacional y las autoridades provinciales en el manejo de la crisis de salud.

El Foro por el Derecho a la Salud ha enumerado una serie de medidas que consideran perjudiciales para el sistema sanitario. Entre ellas se encuentran el desfinanciamiento del programa RemediAr, que proporcionaba botiquines con medicamentos gratuitos a Centros de Atención Primaria de la Salud, y el debilitamiento del PAMI, que ha impuesto restricciones a sus médicos. También se menciona la reducción en el Programa Nacional de Inmunizaciones y una regresión en las políticas de salud mental, donde se señala un cambio de enfoque que prioriza el diagnóstico médico individual sobre un abordaje social integral.

Los datos presentados por los organizadores de la protesta son contundentes y reflejan el deterioro del sistema: el 80% de las obras sociales no logra cubrir los costos del Programa Médico Obligatorio (PMO), y la mitad de los pacientes en el sistema público posee obra social o prepaga, lo que evidencia una presión creciente sobre los hospitales estatales. Además, se estima que uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que requiere, lo que subraya la urgencia de una reevaluación de las políticas de salud pública en el país. En este contexto, la Marcha Federal por la Salud se erige como un grito unificado por la defensa de un sistema de salud accesible y de calidad para todos.