En la capital peruana, cientos de seguidores del candidato presidencial de izquierda, Roberto Sánchez, se manifestaron este sábado en la Plaza San Martín, con el objetivo de exigir transparencia en el conteo de votos y rechazar lo que consideran un posible triunfo ilegítimo de la candidata de derecha, Keiko Fujimori. Este evento se realizó bajo la estricta vigilancia de las fuerzas del orden, en un clima de incertidumbre política donde el escrutinio de las elecciones presidenciales aún no ha concluido y se encuentra en manos de los jurados electorales especiales.
Hasta el momento, con un avance del 98,552% en el conteo, Fujimori lidera la segunda vuelta electoral con una diferencia de apenas 18.500 votos, obteniendo un 50,051% de los sufragios frente al 49,949% de Sánchez. En este contexto, la tensión entre los seguidores de ambos candidatos ha ido en aumento, especialmente ante la posibilidad de que las irregularidades reportadas en diversas mesas de votación puedan influir en el resultado final.
El partido de Sánchez, Juntos por el Perú, ha alertado sobre la existencia de irregularidades en diversas mesas de votación, no solo en Lima, sino también en regiones del norte, donde Fujimori tiene un sólido apoyo, así como en el extranjero. Estos eventos han llevado a los simpatizantes a movilizarse en defensa de lo que consideran la verdadera voluntad del pueblo expresada en las urnas. La marcha de este sábado fue un claro llamado a las autoridades electorales para que actúen con total transparencia en la revisión de las actas impugnadas.
La protesta, que se desarrolló pacíficamente, estuvo marcada por la presencia de diversos colectivos sociales, sindicatos y familiares de víctimas de la represión en protestas previas. Muchos de estos manifestantes llevaban carteles en los que se caricaturizaba a Fujimori de manera negativa, simbolizando el rechazo hacia su posible retorno al poder. Este acto no solo reflejó la postura de los seguidores de Sánchez, sino que también sirvió como un espacio de memoria para quienes perdieron a sus seres queridos en los conflictos sociales del pasado reciente.
En un comunicado previo a la marcha, Juntos por el Perú denunció que la Municipalidad de Lima, bajo el control del partido ultraconservador Renovación Popular, había cercado gran parte del centro histórico de la ciudad. Esto fue interpretado como un intento de restringir el derecho a la protesta, lo que avivó aún más la indignación entre los manifestantes. La agrupación calificó esta acción como una respuesta arbitraria e inconstitucional que vulnera el libre tránsito de los ciudadanos.
Las manifestaciones no se limitaron a Lima; también se llevaron a cabo en otras ciudades como Chiclayo, Arequipa, Puno y Ayacucho, donde los seguidores de Sánchez expresaron su apoyo al ex presidente Pedro Castillo, quien se encuentra actualmente en prisión. Esta situación ha generado un clima de polarización en el país, donde la lucha por la justicia electoral se entrelaza con el recuerdo de las luchas sociales recientes. A medida que el país aguarda la resolución de las actas impugnadas, el futuro político de Perú sigue en un delicado equilibrio, donde cada voto podría ser decisivo para la estabilidad del país.
La situación actual refleja no solo la fragilidad del sistema democrático peruano, sino también la necesidad de un diálogo más profundo que aborde las preocupaciones de los sectores más vulnerables de la sociedad. En medio de este contexto, los peruanos esperan que la verdad salga a la luz y que el resultado final refleje genuinamente la voluntad popular, evitando así una mayor polarización y descontento social que podría derivar en conflictos futuros.
