El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una creciente controversia judicial que lo obliga a comparecer ante la justicia en agosto, después de la feria judicial de invierno. En este contexto, el fiscal Gerardo Pollicita está preparando un requerimiento de justificación patrimonial que podría complicar aún más su situación. Mientras tanto, continúan las declaraciones de testigos que han aportado información que podría resultar perjudicial para Adorni.
Una de las declaraciones más relevantes provino de Laura Schiuma, actual directora general de Actividades Presidenciales, quien confirmó ante el tribunal que el ex funcionario utilizó su tarjeta de crédito para adquirir un monitor gamer y posteriormente le devolvió el dinero en efectivo. Esta declaración se suma a otras revelaciones que apuntan a un uso poco transparente de recursos y a la adquisición de bienes costosos que exceden el salario que percibía Adorni en su rol como vocero presidencial.
La controversia se agudiza al conocerse que Adorni realizó compras de equipos de videojuegos a través de su cuenta personal en Mercado Libre. Estas transacciones involucraron el uso de tarjetas de crédito de dos funcionarios bajo su supervisión, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad y la ética de sus acciones. Las operaciones se llevaron a cabo en agosto de 2025 y, según la información recabada, el monto total de las compras ascendió a 5.848.589 pesos, una cifra que despierta sospechas sobre el origen de los fondos del ex funcionario.
El artículo más destacado de esta serie de compras fue un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, cuya adquisición se realizó el 19 de agosto por un monto de 2.184.999,05 pesos. La fiscalía, tras analizar la documentación correspondiente, ha asociado dicha compra a la tarjeta de crédito de Schiuma, quien también ha confirmado su declaración ante los investigadores. Esta conexión podría ser determinante en el caso, dado que implica a otros actores dentro del ámbito gubernamental.
La investigación ha tomado un giro más profundo con la reciente solicitud del fiscal Pollicita a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). Se le ha encomendado la elaboración de un informe exhaustivo sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su colega Angeletti desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Este tipo de análisis es crucial para entender el contexto financiero de los acusados y evaluar si existe un desbalance que justifique la investigación.
La feria judicial de invierno se llevará a cabo del 20 al 31 de julio, lo que significa que la actividad judicial se reanudará el 3 de agosto. Para ese entonces, se espera que el fiscal Pollicita presente formalmente su requerimiento de justificación patrimonial. Si las explicaciones que aporte Adorni no resultan satisfactorias para la justicia, podría ser citado a indagatoria, lo que significaría un avance significativo en la causa que podría tener serias repercusiones en su carrera y en el ámbito político en general. La situación de Adorni es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la transparencia en la gestión pública y la importancia de la rendición de cuentas en la función pública.
